De acuerdo a la resolución firmada por el jefe de Policía, Héctor Roberto Massúh, cada arma policial registrada debía ser peritada en una base de datos creada a tal efecto. El registro contempla la guarda de dos proyectiles por cada arma de puño y un par de cápsulas testigo tras ser disparadas para su empadronamiento. El director de Criminalística de la Policía, comisario General Ángel Iturria detallo: “Se trata de un Sistema Integrado de Identificación Balística. Este proyecto se inició en noviembre de 2012 por quien era en ese momento el jefe de la División Scopometría, el comisario y perito en Balística Marcelo Omar Leonhardt y por el comisario Carlos Iván Berón, quien en ese momento era el subjefe de esa división y hoy está a cargo de la misma”.
Así, con el impulso del jefe Massuh, quien ya se había interesado por la iniciativa en 2008, se puso en marcha esta base de datos para identificar el disparo de cada arma en uso oficial. “Las marcas que quedan en el proyectil o en la cápsula son identificables ante el microscopio, tanto si fueron disparadas como también en lo que denominamos huellas de accionamiento”, detalló Iturria.
En este sentido, se abundó que la Scopometría asiste en esta tarea. Se trata de una disciplina compuesta de técnicas y procedimientos derivados de la Física, basados en la observación y la medición, aplicadas a comparaciones de elementos con fines de identificación.
Hasta hay 5.000 armas peritadas, cuyas muestras están almacenadas en cajas individuales, precintadas, con códigos de barras, números de serie y la identidad del actual usuario. “Estas cajas están cuidadosa y debidamente archivadas bajo custodia y solamente pueden ser abiertas bajo previa orden judicial y por personal especializado, ante la hipotética investigación de una causa que amerite llegar a esta prueba reservada”, aclaró.
Los funcionarios explicaron que esta base de datos puede aportar elementos indispensables en casos de investigación judicial y puede aportar pruebas para esclarecer algún hecho. No se puede desconocer que en la actualidad un funcionario policial está expuesto a utilizar su arma reglamentaria en un ocasional enfrentamiento donde pueden producirse bajas o hechos colaterales, hasta quizá accidentales. Por eso, individualizar el arma que ostenta amerita un registro científico como eventual elemento de prueba.
