La Jefatura Departamental Concordia de la Policía de la Provincia de Entre Ríos se ve desagradablemente sorprendida por la publicación aparecida en su diario digital, mediante la cual se endilga genéricamente a “la policía” la sospecha de la comisión de un hecho ilícito grave como es un homicidio en la persona de un discapacitado, aludiendo la publicación digital que “la única hipótesis es que fue la policía la que mató a golpes al chico discapacitado” (TEXTUAL). Semejante atribución genérica de responsabilidad es, además de impropia, injusta en sí misma y desvalorizante del funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, toda vez que la Fiscalía en turno de la Circunscripción Judicial Concordia está actuando dentro del marco de atribuciones que le confiere la Ley 9.754 que el letrado Jáuregui no debe desconocer. Asimismo, dicho comentario deviene de una manera parcial al receptar sólo las afirmaciones del (querellante) letrado Jáuregui, las cuales –además-, están cargadas de un insoslayable tinte político, al hacer referencia a ex funcionarios de pasadas gestiones gubernamentales, haciendo alusión a los sonados casos “Lescano” y “Balbuena”, afirmando que a éste último lo “asesinó la policía”, incurriendo este profesional del derecho en una afirmación genérica carente de toda lógica y justicia, y desprestigiando así a una institución pública auxiliar del Poder Judicial de Entre Ríos, una institución señera en el régimen democrático que el letrado opinante dice sostener. Es de hacer notar que, tanto al letrado Jáuregui, como a todo ciudadano y habitante, le asiste el legítimo derecho de peticionar ante las autoridades como en derecho corresponde, y siendo éste un profesional del derecho, debe conocer ante qué autoridades jurisdiccionales recurrir en tutela de los legítimos derechos de sus clientes, pero eso no le confiere el derecho de desprestigiar “sine-die” y –como reiteradamente lo tiene hecho-, a la institución policial, la cual puede tener entre sus filas elementos que cometan actos reprochables, pero el sistema democrático que el letrado dice defender tiene las herramientas jurídicas adecuadas para remediar tales situaciones antijurídicas en las que algún miembro de la Fuerza Policial pueda incurrir. Destacando que independientemente de ello, en la faz administrativa se ordenara la instrucción del respectivo expediente tendiente a investigar la supuesta responsabilidad que pudiere corresponder a algún numerario de esta Departamental, disposición emanada por el propio Jefe de Policía Provincia, a través de la intervención directa de la Dirección Asuntos Internos.
