El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), autorizó en marzo la importación de 60 pistolas, cuya utilización generó polémica. En ese sentido, fuentes de Anmac resaltaron que «el uso que se haga del material» por parte de las fuerzas de seguridad porteñas «ya no depende» del organismo nacional.
Las pistolas Taser, que provocan una descarga eléctrica de 400 voltios que inmoviliza durante cinco segundos a quien recibe el impacto, son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989, detalló el Ministerio de Seguridad.
El debate en torno al uso de estas armas denominadas «no letales» volvió a a la escena pública tras el asesinato de la policía porteña Maribel Nélida Salazar a mediados de febrero en la estación Retiro de la línea C de Subte.
Pese a que son definidas por el Comité contra la Tortura de la ONU como provocadoras de «un dolor intensidad» y constituyen «una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte», reúne férreos defensores en dirigentes de la oposición como la líder del PRO, Patricia Bullrich, y principalmente, en funcionarios de la ciudad de Buenos Aires como el ministro de Seguridad en licencia, Marcelo D’Alessandro.
