Asimismo, se señala que la Policía de la provincia se encuentra “debidamente investida de atribuciones legales para llevar a cabo los operativos de control de tránsito vehicular de todo automotor que circule por su territorio, a través de organismos predispuestos” de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, la legislación provincial de adhesión al Reglamento General de Tránsito, y el cuerpo de disposiciones provinciales reglamentarias. En ese caso, se hace referencia a los puestos camineros fijos y los operativos móviles
Por lo tanto, “los controles que se llevan a cabo en territorio entrerriano, no resultan reñidos con la legalidad ni tampoco refieren a la exigencia de normas que no se puedan requerir, como lo pretende la solicitada antes mencionada”, dice la nota.
La Policía rechazó la acusación de infracciones que no existen ya que en el proceso de juzgamiento de faltas por presuntas transgresiones a la Ley de Tránsito “se asegura el derecho constitucional de defensa de los presuntos infractores, notificándoles en todos los casos cuáles son las normas presumiblemente infringidas y cuáles son las pruebas existentes”.
“Tampoco es cierto que la Policía de Entre Ríos impida la circulación de vehículos de carga con excusas o pretextos orientados a obtener ingresos del fisco provincial, ya que muy por el contrario, los casos de imposición de sanciones al Reglamento General de Tránsito, tienen previstos fines específicos en la ley misma que nada tiene que ver con el régimen fiscalista con que pretende cubrirse al reclamo sectorial, ya que no constituyen gravámenes de naturaleza tributaria”.
“Por consiguiente, la decisión de no transportar cargas a la provincia de Entre Ríos a la que se alude en un comunicado de prensa desplegado en medios nacionales nada tienen que ver con los controles de tránsito que desarrolla la Policía de Entre Ríos. Tales controles no han impedido el tránsito de unidades de transporte de carga por esta provincia y hacia ella durante todo este tiempo”.
“Resulta llamativo que la Fadeeac sea la única organización de esta naturaleza que realiza este tipo de reclamos y bajo los términos conminatorios con los que pretende enarbolar su pretensión, cuando los controles llevados a cabo por la Policía de Entre Ríos tienen por finalidad mantener la seguridad en nuestra provincia, donde no se verifican hechos ilícitos por Piratería del Asfalto. Cabe advertir que la instalación de estructuras delictivas de piratería del asfalto resultan de una dificultosa erradicación por la organización que demuestran, los recursos con que cuentan y medios especializados y hasta de comunicación que obtienen, lo que ha demandado un enorme esfuerzo del sistema jurídico penal para desterrar y nadie quiere que se vuelvan a instalar en nuestro medio”.
“Una intensa presencia de la Policía sobre las rutas que surcan el territorio entrerriano ha permitido convertir a la provincia, en un verdadero ícono de la seguridad, donde además de lo señalado han descendido los casos de muertes en accidentes de tránsito que constituyen un flagelo para nuestro país”.
“La distribución estratégica de los sistemas de control sobre las diversas rutas, mediante 18 puestos camineros fijos y variados operativos móviles en puntos críticos del tránsito (curvas, puentes, encrucijadas y accesos a ciudades o pueblos), vienen permitiendo un cambio cultural de los conductores que, lejos de hacerse eco de manifestaciones como las de la Fadeeac, permiten a quienes manejan diferentes tipos de vehículos automotores hacerlo con tranquilidad, tanto por sus vidas como por los bienes que llevan consigo, ya que no son despojados ni privados de valiosos elementos, muchas veces necesarios para ganarse el sustento diario”.
“Respecto a supuestas demoras que dicen padecer los choferes de los vehículos de cargas, debe destacarse que la única forma de contralor existente y que la Justicia ha definido la justa télesis del procedimiento de constatación policial, autorizando el control; es que se detenga la marcha del vehículo, conforme al catálogo de normas vigentes”.
“Tales controles, de modo alguno constituyen abusos, sino que se erigen en el normal ejercicio de atribuciones legales de las que se encuentra investido el órgano de contralor”.
“Las autoridades competentes de la provincia, muy por el contrario a lo que sostiene el comunicado de prensa referido, ha atendido en todo momento y en diversas reuniones o audiencias realizadas, desde hace tiempo atrás, la problemática planteada y que resulta francamente carente de sustento, al pretender que los vehículos de los asociados a la Federación queden sustraídos del contralor de la Policía, en lo que al control de tránsito compete. En el mismo sentido han pretendido que otras autoridades provinciales no realicen controles, que son competencia de los mismos; lo cual resulta evidentemente inadmisible”.
“Los resultados obtenidos en materia de seguridad vial en la provincia de Entre Ríos han permitido brindar seguridad y, de este modo, salvaguardar la vida y los bienes de todos aquéllos que transitan su territorio. No hay por ello exceso alguno en el celo, puesto de manifiesto”.
“Por el contrario, si ocurrieran hechos irregulares, existen los canales administrativos y judiciales, para impugnar el proceder de cualquier funcionario que por exceso o por defecto, se aparte de las disposiciones legales en vigor, sin que se verifiquen sentencias judiciales que le den la razón a los planteos que invoca la Federación citada”.
