“Estamos haciendo las consultas jurídicas, que tienen que ver con la característica de la ley a los efectos de poderla reglamentar. Hay algunas contradicciones que queremos aclarar; una es el planteo de inconstitucionalidad que puede llegar a haber”, describió el funcionario.
El asesoramiento de los organismos jurídicos del Estado apunta a “saber hasta dónde se puede reglamentar”, ya que la norma “fue muy controvertida desde el punto de vista de si la Provincia tiene facultades para legislar o no” sobre el tema y “sobre esto hay distintas posturas”.
En ese sentido, se esperan dictámenes de las asesorías legales y la Secretaría Legal y Técnica para dar el último paso para la puesta en vigencia de la ley.
La norma
La Ley Nº 9.759 fue sancionada el 8 de marzo, promulgada un día después y publicada en el Boletín Oficial el 13 de ese mes. En su artículo 6 se estableció que “el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 60 días, a partir de su publicación”, lo que se cumplió el 13 de mayo.
También dispuso: “No se permitirá a las empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos la venta de rollizos o chips, en forma directa o indirecta, a las industrias establecidas o que se establezcan en la República Oriental del Uruguay, cuya finalidad es la producción de pasta celulósica con procesos químicos o semiquímicos. Asimismo se prohíbe el ingreso a la jurisdicción provincial de rollizos o chips de madera transportada con destino a dichas industrias”.
Los incumplimientos, según el artículo 4, serán sancionados con decomiso, clausura temporal o definitiva de los establecimientos forestales, extractivos, comerciales y de transporte, o multa por el valor de 5.000 a 50.000 litros de nafta súper.
El autor del proyecto, por pedido de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, el diputado radical Osvaldo Fernández, sostuvo que “la parte operativa está resuelta. Las demoras están relacionadas con consultas jurídicas que se hacen desde Fiscalía de Estado”.
Según indicó al sitio legislativo Recintonet, esas inquietudes están vinculadas, en parte, con la advertencia de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) de recurrir a la Justicia ante el impedimento de transportar madera a Uruguay a través de Entre Ríos.
“De todos modos –opinó Fernández– no imagino a ningún productor en el intento de llevar madera” a la papelera Botnia, por lo que entendió que el texto legal funciona “de hecho”.
