Semino cuestionó que el aumento se encuadre “en la regresión del derecho del adulto mayor”, dado que la ley de movilidad jubilatoria “surge de una garantía constitucional, incluida en el artículo 14 bis de la Carta Magna”. Aseguró que esa ley, sancionada en 2017, “ya había generado derechos”, dado que el aumento previsto estaba basado en la inflación del tercer trimestre del año pasado. Criticó el criterio que utilizó el Gobierno de dar mayores aumentos a los beneficiarios que perciben la mínima. «Es grotesco que haya solidaridad del jubilado que percibe un haber de 20.000 o 30.000 pesos con el que recibe 14.000», aseguró.
A su juicio, el aumento debería abarcar a la totalidad de los jubilados del sistema ordinario, cuyos haberes llegan hasta 103.000 pesos. «Esa gente hizo aportes para hoy cobrar lo que cobran», dijo, y aseguró que de no tenerlo en cuenta «se rompe el criterio de proporcionalidad y equidad». En caso de no obtener respuesta, desde la Defensoría acudirán a un “per sáltum” a la Corte Suprema. En la presentación que se hará se incluirán tratados internacionales a los que Argentina adhirió, como el pacto de San José de Costa Rica y el protocolo de El Salvador. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo convocó a los jubilados para que adhieran a una actuación colectiva para realizar la presentación.
Facundo Fernández Pastor, abogado especialista en derecho de la seguridad social, no ve viable que se avance en la declaración de la inconstitucionalidad, al menos hasta junio, período en que dura la emergencia económica. “Si la misma justicia que fue capaz de decir que el derecho humano a la seguridad social podía violentarse un poquito y no pasaba nada, cuando fue llamada a analizar la constitucionalidad de la ley de movilidad macrista, hoy dijera que ese mismo derecho humano ha sido vulnerado cuando lo que se hizo fue priorizar a los más vulnerables, lo único que quedaría claro es que tenemos un Poder Judicial que defiende a los ricos y le importa menos que nada la protección de los derechos humanos”, opinó. En el mismo sentido, el abogado Juan Pablo Chiesa consideró que la presentación de Semino no avanzará dado que las medidas fueron tomadas en un contexto de emergencia económica sancionada por el Congreso.
