El artículo 19 de la Constitución entrerriana reconoce a la salud como derecho humano fundamental, desarrollando políticas de atención primaria e indica que la asistencia sanitaria será gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna. La política de salud basada en la prevención, la medicina social y comunitaria que ejecutó Ramón Carrillo (creador del Ministro de Salud Publica y Asistencia Social de la Nación), no son mencionadas en dicho texto, lo que será posible enmendar con la sanción de una ley de salud pública que incorpore el funcionamiento de un sistema integrado para garantizar ese derecho, que implica cambiar el paradigma imperante y ocuparnos, principalmente, de la salud de los entrerrianos sanos.
En el país el sistema de salud no es federal, depende de cada una de las provincias, está fragmentado y, Entre Ríos no es la excepción. La descentralización operada especialmente en la década del noventa, transfirió a cada provincia la competencia en salud sin los recursos suficientes, debilitó al estado y segmentó el financiamiento. Por eso hoy el servicio de salud en las provincias, depende de la cantidad de recursos que tengan o se pueda conseguir exógenamente y de la decisión política de ejecutar acciones dirigidas a armar el rompecabezas con los actores del sector.
La fragmentación se da al existir varios actores y financiadores en el sector salud, a saber: el Estado, las obras sociales, el PAMI, las obras sociales provinciales, las nacionales, las prepagas y los Municipios, cada uno volcando recursos sin una rectoría estatal, sin una legislación, acuerdo ni asignación de prioridades explicitada normativamente que permita garantizar la salud para todo el pueblo en forma igualitaria.
El Estado entrerriano –es decir todos los entrerrianos- invierte en salud una suma superior a los mil millones de pesos por año -700 millones administrados por la Secretaría de Salud, 250 millones por IOSPER, más los fondos para obras de infraestructura en hospitales y centros de salud y para equipamiento-. Con ello se debe hace cargo de la prevención y atención sanitaria de aproximadamente el 70% de los entrerrianos, sumado al PAMI que tiene afiliados al 10% de la población entrerriana y el resto por obras sociales de los trabajadores, prepagas, Plan Nacer, obras sociales nacionales (Universidad y Fuerzas Armadas) y Municipios.
Al no existir un Plan Nacional de Salud cada provincia debe tener el suyo. En Entre Ríos por decisión del Gobernador Sergio Urribarri hemos elaborado desde el inicio de la gestión con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un Plan de Desarrollo Integral del sector sanitario entrerriano que se empieza a ejecutar en el mes de agosto, para dejar de atender solo la coyuntura para construir una política pública sustentable y ello se logra con una planificación que entienda a la salud como política de estado.
En el país prima el concepto de salud como sinónimo de atención de la enfermedad, del enfermo y las inversiones se han hecho en ese sentido, no se ha priorizado la inversión en salud, en el cuidado y protección de los sanos, en la prevención y ello ha impactado notablemente en los sectores mas postergados cuyos determinantes sociales llevan a que se enfermen o tengan mas posibilidades de enfermarse. La prevención en salud es más fácil, necesita de menos recursos y de decisión política y, este Gobierno lo ha demostrado con hechos. En la lucha contra el dengue, reconocida a nivel nacional, se demostró que no hizo falta que el sistema asistencial sanitario intervenga al haber tenido tan solo 15 casos. Podemos decir que triunfó la prevención, la medicina comunitaria. La única verdad es la realidad decía el General Perón.
Ello se debió a la participación de la comunidad en la prevención, junto con los Municipios, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación. Esa es la razón, estoy convencido, de que Entre Ríos fue considerada una provincia segura respecto al dengue y de la respuesta del sistema sanitario frente a la gripe A (H1N1), además de reconocer a los trabajadores de la salud, quienes hicieron frente a la pandemia, estuvieron y están al frente de la batalla arriesgando su propia salud.
Volviendo a los determinantes sociales, representan el 70 % de las causas por las cuales nos enfermamos (falta de agua potable, de cloacas, de vivienda digna, de saneamiento ambiental, etc.). En Entre Ríos por ejemplo, a partir de la década del `90 se dejó de priorizar la formación de agentes sanitarios, figura que ha sido reemplazada de hecho por promotores de salud de los Municipios o de la CAFESG.
Por eso desde el comienzo de gestión decidimos volver a Ramón Carrillo, padre del sanitarismo argentino, del cual se han alejado las políticas neoliberales que ejecutaron políticas de salud mirando al enfermo y no al sano al igual que la formación médica en la mayoría de las facultades de medicina del país, mercantilizado la salud, priorizando lo económico sobre lo sanitario y la atención de la enfermedad por sobre la prevención.
Desde el Ministerio de Salud y Acción Social se trabaja con el objetivo de construir un sistema integrado de salud sustentable que se ocupe de la salud de los sanos y trabaje con los Municipios para superar los determinantes sociales, con políticas públicas planificadas estratégicamente, de acuerdo a los ejes antes expresados, accesible a todos –especialmente a quienes tienen mayores necesidades y menores oportunidades- priorizando la prevención, la educación para la salud, impulsando la participación comunitaria, de todos los sectores de la sociedad civil, vinculando la salud con la política social. Carrillo decía: “No hay política sanitaria sin política social”.
Esto significa, llevar a la práctica políticas públicas dirigidas a la promoción de las personas y el desarrollo de una comunidad mas justa y organizada, a través de alcanzar crecientes niveles de igualdad de oportunidades, equidad, calidad y transparencia de los programas sociales y sanitarios.
Al considerar a la salud pública como política de estado, que tenga continuidad, que sea sustentable, con el eje en la prevención, promoción y educación de la salud, volvemos a Carrillo recuperando el sanitarismo y valorizando al trabajador de la salud desde la formación hasta el compromiso y calidad humana, independientemente quién esté a cargo del gobierno o del área específica.
Es fundamental para ello, contar en Entre Ríos con una Ley de Salud Pública que no se exceda en el reglamentarismo, sea restrictiva en definiciones y simple sobre aspectos centrales para constituir un Sistema de Salud Pública integrado.
Una ley que contemple lo expresado en la Constitución Nacional, en la Provincial, en el Consejo Federal de Salud, establecer mecanismos de coordinación con el Gobierno Nacional respecto a la Vigilancia Epidemiológica, Vacunación, etc., la armonización del Sistema de Salud y la organización de los servicios esenciales de Salud.
También deberá legislar, definir y reglar el sistema integrado de salud, el modelo de intervención (atención integral, atención primaria de la salud, madre y niño, etc.), rol de los Municipios, la comunidad, del sector privado y que el Estado, a través del área específica, debe ser el rector del sector salud.
Que establezca, asimismo, el principio de equidad, quedando claro que se deben brindar todos lo servicios posibles para quien lo necesite, independientemente de su condición social y económica.
Basarse a su vez, en las normas y parámetros nacionales e internacionales en tal sentido, procurando la armonización normativa. Específicamente legislar para evitar una descentralización tanto hospitalaria como municipal, que desintegre y fragmente, ello debe darse en forma articulada y coordinada, así como incorporar los determinantes sociales, pues la salud debe formar parte de la política social gubernamental.
Se dice que toda crisis, -y la pandemia lo es-, trae una oportunidad. Entonces hoy tenemos la oportunidad de construir un sistema sanitario integrado que garantice la salud para todos los entrerrianos como un derecho humano fundamental, cuya herramienta central, debe ser una ley.
