Cuando todavía faltan más de dos meses para que se realicen las elecciones del 27 de octubre y más de cuatro para la designación de autoridades del cuerpo legislativo, la oposición volvió a instalar el debate sobre si podría asumir la titularidad de la Cámara Baja, lugar que hoy ocupa el bonaerense Julián Domínguez, tercero en la sucesión presidencial.
Aunque de repetirse los resultados de las PASO el oficialismo se mantendría como primera minoría en ambas Cámaras dado que solo renueva una treintena de diputados e incluso podría ampliar ese número, como ocurriera hace cuatro años con la conformación del denominado `Grupo A`, varios dirigentes de la oposición volvieron a reclamar en duros términos la presidencia de diputados.
En declaraciones a FM Vórterix, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que «no me parece un problema que la Cámara de Diputados quede en manos de la oposición».
Para el líder del Pro -aliado al Frente Renovador de Sergio Massa-, la maniobra propuesta «es una forma lógica de ejercer la dinámica democrática, que si perdiste la mayoría la tenga la oposición y que dialogues en función de conseguir las leyes que querés. Eso debería sostenerse los próximos dos años».
En la misma línea se expresó el candidato a diputado de «Unidos por la libertad y el trabajo», Francisco de Narváez, quien aseguró que la oposición «debe» ejercer la presidencia de la Cámara baja si triunfa en las elecciones de octubre, y destacó que ejecutar esa atribución «no es golpismo».
Asimismo, el diputado y candidato radical Oscar Aguad opinó que «hay que desdramatizar este tema porque las mayorías han cambiado y esto lo han designado la gente en las urnas y quienes tienen la mayoría tienen la responsabilidad y el derecho de designar las autoridades en el Congreso».
Por su parte, desde el Frente Renovador Felipe Solá intentó ponerle paños fríos a la discusión y, al contrario de lo que opinara hace cuatro años, cuando fue uno de los impulsores del denominado `grupo A`, planteó «hay que ver después cuántos diputados hay, si conviene o no, si hay acuerdo o no entre muchísimos partidos de la oposición».
Sin embargo, el actual diputado massista rechazó que tener la presidencia de la Cámara en manos de la oposición pueda constituir un «golpe institucional», como afirmó la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio.
«La intención de fondo de la oposición, si el oficialismo pierde en octubre la mayoría, es dar un golpe institucional a la democracia», advirtió Di Tullio y agregó que la especulación que hacen los partidos opositores está «por fuera del reglamento de las instituciones».
En 2009, los bloques opositores que conformaron el grupo A integrado por radicales, peronistas opositores, macristas, socialistas, y otros bloques menores, si bien desistieron de la idea original de quedarse con la presidencia de cuerpo, se apropiaron de las comisiones claves para la sanción de leyes.
La decisión fue adoptada en la controvertida sesión preparatoria del 3 de diciembre, cuando en una medida sin antecedentes en el cuerpo y contraria al reglamento interno, decidieron aprobar una moción que contempló la distribución de las comisiones, siendo que esa deliberación solo es convocada para la jura de los diputados y elección de autoridades.
El resultado de aquel acuerdo provocó una parálisis en el Congreso, dado que al poco tiempo los bloques opositores empezaron a mostrar fisuras y no pudieron consensuar las iniciativas a debatir, convirtiendo al 2010 en el período de menor producción legislativa de los últimos años.
