El edil radical concibe que ambos concejales ya se encuentran fuera de funciones. “Yo entiendo que la ley Nº 3001, en su artículo 81º, dispone el cese por el hecho mismo (ipso facto) cuando se incurre en una causal de inhabilidad, como es el caso de un procesamiento por delitos contra la administración pública”, explicó. Sólo en caso que el procesamiento sea revocado, Larocca aseguró que podrían reintegrarse a sus funciones.
Para seguir en funciones, el edil aseguró que ambos deberían recurrir a la Justicia para lograr que se declare inconstitucional el procesamiento. “Mientras tanto, desde el cuerpo debemos velar para que se haga cumplir la (ley) 3001”.
En cambio, Wdowiak difirió con la forma en que Larocca planteó la cuestión. “Hay dos artículos (81º y 104º, inc. 7º) que, de alguna manera, se contraponen entre sí”. Citando el 104º, Wdowiak expresó: “en caso que algunos de los concejales incurra en una de las inhabilidades previstas por el artículo 80º, el Concejo debería tratar su exoneración o no. En caso de exonerarlo, la persona involucrada tendría la posibilidad de apelar al Superior Tribunal de Justicia”.
Por su parte, Larocca calificó como grave la participación de la concejal Galli en la última sesión del año pasado. “Estaba procesada y, de acuerdo a la (ley) 3001, estaba fuera de funciones”. En caso que alguna ordenanza se apruebe con el voto nominal de cualquiera de los dos, “puede ocurrir que esa ordenanza sea nula”, sostuvo. El concejal aseguró que estudiará la forma de impugnar esas resoluciones. En cambio, Zubillaga no asisitió. Ya es la cuarta ausencia consecutiva, y el reglamento interno prevé sanciones para esos casos.
Siguiendo con su planteo, el concejal vecinal aseguró que el STJ ya en una oportunidad falló a favor de una persona procesada ante la Justicia. Se trata del intendente Juan Carlos Cresto, quien estaba procesado por malversación de caudales públicos al momento de asumir la actual gestión. “El STJ entendió que podía seguir ejerciendo sus funciones”. Con estos antecedentes, sumado a la aplicación del pacto San José de Costa Rica, “ellos seguirán en sus funciones hasta una resolución definitiva”, estimó.
En lo que sí ambos coincidieron es que el tema debe ser tratado en la próxima sesión. “Voy a plantear que ambos procesados ya no pueden actuar hasta que se resuelva su situación procesal”, dijo Larocca.
Malestar por el silencio
Larocca también manifestó su molestia porque ni Zubillaga ni Galli optaron por informar sobre su situación jurídica a sus pares, quienes se informaron a través de la prensa. “Éticamente, al momento de dictarse el procesamiento, debieron haber comunicado en forma inmediata al Concejo Deliberante. Esto me molestó, al igual que a otros concejales”, sostuvo.
El concejal vecinal, en la última sesión ordinaria, solicitó que se apruebe un proyecto de resolución dirigido al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, donde se originó la medida judicial, para ser informados formalmente al respecto. “El bloque oficialista se opuso, no fue sancionado”, dijo. Este dato quizás sirve para saber si el bloque oficialista procederá de acuerdo a lo que dictamina la Ley Nº 3001, o procederá apañando a dos concejales que, pesar de que ya disponían de una dieta de más de $ 2000, siguieron percibiendo los $ 150 destinados a los desocupados.
