El órgano de Naciones Unidas también exigió que el Estado revise todos los casos de expulsiones que se hayan realizado desde la sanción del DNU y los que aún están pendientes de resolución. Durante el diálogo con el Estado, María Landázuri, integrante del Comité y relatora para la Argentina, retomó la decisión del Estado en el caso de Vanessa Gómez Cueva de autorizar su reingreso, y solicitó la revisión de por lo menos 125 casos de expulsión que afectan el derecho a la unidad familiar, que fueron informados por la Defensoría General de la Nación. La experta además solicitó expresamente la revisión de los casos de Liz Moreta y Jhonny Quiróz.
En el contexto de las expulsiones que separan familias, el Comité instó al Estado a garantizar la unidad familiar de aquellas personas que hayan cumplido sus condenas cuando sus hijos/as estén radicados en la Argentina. Además, los niños, niñas y adolescentes deben ser tenidos en cuenta durante los procedimientos que afectan a sus padres. Deben tener acceso a una defensa especializada e independiente. Asimismo, solicitó que el Estado busque soluciones alternativas a la detención para fines de expulsión y remarcó que esta debe ser usada como medida de último recurso.
Respecto de las leyes y regulaciones a nivel federal y municipal que fueron sancionadas después del DNU, el Comité consideró que son contrarias a la Convención y restringen los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, en particular el derecho a la salud, como en los casos de Jujuy y Misiones.
El Comité mostró preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía, de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití, el colectivo LGBTIQ y trabajadores de la industria textil. También señaló que los trabajadores informales tienen dificultades para acceder a opciones para su regularización migratoria, lo que los expone a situaciones de abuso por parte de las autoridades. Instó al Estado, en ese sentido, a reconocer el trabajo autónomo como un criterio para acceder a la residencia. Además, el Comité solicitó que el Estado adopte medidas para reducir las tasas migratorias y los plazos de los trámites de regularización. También, pidió al Estado que facilite el acceso a los medios tecnológicos y asistencia en las oficinas de Migraciones para la solicitud de la radicación online.
Por último, el Comité advirtió al Estado por los discursos de las autoridades y medios de comunicación que asocian a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad. Pidió al Estado que adopte medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las y los migrantes.
Las observaciones finales del Comité obligan a las agencias del Estado, en sus distintos niveles, incluido el Poder Judicial, a retomar y profundizar una política migratoria basada en los derechos de las personas migrantes, en lugar de la política inaugurada por el DNU que las criminaliza.
