El ex presidente de Brasil, Lula Da Silva (Izquierda) y el juez encargado de la causa, Sérgio Moro, que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia con el actual presidente, Jair Bolsonaro.
El comité de derechos humanos de la ONU dijo el jueves que los procesos por corrupción contra el expresidente de Brasil Lula da Silva que llevaron a su encarcelamiento e impidieron que se presentará como candidato a la Presidencia en 2018 violaron el debido proceso.
«Estas violaciones procesales hicieron que la prohibición a que Lula se presentase a la presidencia fuese arbitraria y, por lo tanto, violó sus derechos políticos, incluido su derecho a presentarse a las elecciones», según un comunicado en nombre del comité de expertos independientes.
El presidente Alberto Fernández sostuvo que la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de reconocer que el exmandatario de Brasil Inacio “Lula” Da Silva sufrió una “violación de sus derechos políticos” cuando fue encarcelado “abre un nuevo horizonte para quienes luchamos contra el lawfare, por una justicia íntegra y por la vigencia plena de la democracia y del Estado de derecho”.
En un mensaje difundido a través de la red social Twitter, Fernández aludió así a la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que ratificó que Lula da Silva no contó con las garantías legales durante los procesos penales que se le entablaron a partir del 2016 por corrupción, que fueron finalmente cancelados por parcialidad pero que le impidieron participar en los comicios presidenciales de Brasil en 2018.
Expresó Fernández: «Cuando le escuché decir a mi querido amigo Lula que esto representa para él un ‘lavado del alma’, no pude dejar de recordar sus palabras y el abrazo que nos dimos cuando lo visité en los días en los que estuvo detenido, sometido a una injusta prisión”.
“Con la alegría de esta noticia, renuevo mi cariño y mi solidaridad incondicional con Lula, con la esperanza de que un nuevo tiempo asome en América Latina”, señaló Fernández.
El expresidente Lula fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa ‘Lava Jato’, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht. El juez encargado de la causa fue Sérgio Moro, que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia con el actual presidente, Jair Bolsonaro.
Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio expresidente.
Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel en julio de 2017, pero no ingresó hasta abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para Bolsonaro.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) confirmó el año pasado la decisión de anular las condenas de Lula y el candidato de izquierda es actualmente el favorito de cara a las elecciones de octubre.
Sin embargo, el Comité de la ONU sostiene que a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, «no fue suficiente» para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse un cargo político.
