Las instituciones educativas recibieron a fines del pasado año subsidios entregados por el Gobierno para obras. Pero cuando quisieron comenzar con las obras, se encontraron con la pretensión de Aguilar de otorgarle los trabajos a determinadas firmas.
Un informe producido por la Oficina Anticorrupción y Ética Pública recomendó la desafectación del funcionario por la “sospecha de una intervención irregular”. Desde la oficina descartaron que los fondos hubiesen sido sustraídos. “Los fondos llegaron a destino, las obras se hicieron o se están haciendo. Ese no es el tema en cuestión, sino esa actuación presuntamente irregular de este funcionario”, dijo el titular del área, Luis Pedemonte.
“El informe de avance, concretamente, lo que hizo fue entender que sí, que había una base de sospecha que tornaba necesario un sumario administrativo. El sumario es el mecanismo administrativo establecido para que la persona que está imputada por alguna eventual falta administrativa pueda ejercer su defensa”, explicó el titular de la Oficina Anticorrupción.
La Oficina Anticorrupción caratuló al episodio como una “falta grave administrativa”. La sospecha que surgió de este informe torna necesario que se sustancie una instrucción sumaria, explicó Pedemonte.
La Dirección de Sumarios pidió los informes sobre la vinculación jurídica existente entre el arquitecto Aguilar con la Dirección de Arquitectura. “Resulta que el contrato ya estaba vencido y que ya había sido desafectado por la propia repartición de la tarea de intervenir en el control técnico de las obras. En caso de que surja alguna cuestión que se pudiera encuadrar en algún ilícito penal, también puede surgir una denuncia judicial”, dijo Pedemonte a El Diario.
