En diálogo con LT 14, reproducidos por Análisis Digital, Pedemonte expresó que “aparte de un verdadero caos administrativo en el procedimiento licitatorio, no advertimos un proceso de selección previo. Otra de las irregularidades que advertimos es que en las cláusulas del contrato se establecía hacer investigaciones de tipo personal, lo que da lugar a serias sospechas respecto a toda contratación tendiente a fines de persecución política. Además, que se destinó más de 200.000 dólares por un trabajo que no aparece acreditado”.
El contrato con la Agencia de Investigaciones Holder Associates Sociedad Anónima, Kroll Associates, Kroll O’Gara Company, se firmó el 29 de junio de 2000 y se aprobó por decreto 2.970, el 5 de julio siguiente. El vínculo establecía cuatro módulos de trabajo para la agencia: a) limpieza de micrófonos de ambientes y de líneas telefónicas; b) relevamiento de áreas consideradas claves a fin de establecer su nivel de riesgo con relación a posibles fraudes; c) capacitación a un grupo de hasta 15 personas; y, d) investigaciones de casos puntuales y de antecedentes sobre sujetos, luego modificada por otra línea de trabajo que pretendía indagar en las falencias, ineficacias o debilidades de los sistemas de control en distintas áreas.
Un decreto posterior, el 4.306 de 2001, alude a que Holder Associates SA pasa a ser Kroll Associates SA y a que en ese carácter presentó un Informe Final donde se señala que tuvo a su cargo labores de capacitación en investigación y prevención del fraude y corrupción administrativa para la Policía, la Contaduría General, la Fiscalía de Estado, el IAPV, la DPV, el IAFAS, el Instituto del Seguro y la Caja de Jubilaciones. Pero el Tribunal de Cuentas nunca llegó a acceder a una copia fiel y completa del Informe.
Por otra parte, la segunda denuncia está vinculada a las irregularidades que existirían en la licitación pública que se hizo durante la gestión de Montiel para adjudicar la concesión del Puerto de Ibicuy y que tenía por objeto remodelar y reparar el puerto y concesionar la explotación del servicio. La denuncia también alcanzó al entonces secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Ricciardi.
Según se informa desde la Oficina Anticorrupción “el perjuicio no alcanzó a concretarse por lo dispuesto en el decreto 3.779/04 del actual gobierno que declaró la lesividad de dicha contratación, aunque la gravedad del hecho denunciado es la ilegalidad que se observaría a lo largo de todo el proceso licitatorio cuya principal irregularidad denunciada constituye el hecho de haber comprometido los intereses económicos de la provincia por el plazo de 20 años, al aprobar el contrato con un canon equivalente a la mitad de lo que establecía el pliego”.
Finalmente, desde el ente se afirma que “en aquella licitación
