El corresponsal del diario Clarín en la provincia, Oscar Londero, presentó la semana pasada una denuncia ante la Oficina de Anticorrupción por considerar que no se le respondió en tiempo y forma un pedido de copias de las notas que enviara el gobernador solicitando se difundiera la lista de agentes que prestaron servicios en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la última dictadura militar.
En primera instancia, el gobernador Jorge Busti declaró días después que la denuncia había sido efectuada antes de la expiración del plazo legal estipulado en la ley para contestar el pedido realizado, argumentando que “me allanaré a lo que determine la misma”.
En tanto, el dictamen de la Oficina de Anticorrupción que ahora se da a conocer insiste en esta linea, pero además expresa que “la información solicitada no constituye acto de gestión administrativa, por lo queda fuera de la órbita del Decreto N° 1169/05 GOB (de derecho a al información pública)”
“El Decreto N° 1169/0S GOB -argumentan desde el organismo provincial- es una herramienta para posibilitar el juicio de ciudadanía analizando la acción del Estado con información relativa a la gestión pública, a efectos de analizar críticamente el grado de transparencia de un Gobierno en base a documentos elaborados por la propia administración”.
