Ya en 2009, tras la Operación Plomo Fundido, en la que murieron más de 1.300 personas en Gaza, la fiscalía de la Corte tumbó un expediente contra Israel, cuando la Autoridad Nacional Palestina tenía un estatus diferente. La Asamblea General de Naciones Unidas admitió a Palestina como Estado observador, no miembro, en noviembre de 2012. Tampoco tenía todavía esa condición durante la ofensiva Pilar Defensivo, concluida una semana antes de aquella votación histórica. Desde entonces, no sólo tiene un estatus diferente (descafeinado pero suficiente, según asumen hasta los asesores jurídicos israelíes) sino un apoyo reconocido en las diversas facciones palestinas para dar el paso de acudir a la justicia internacional.
El portavoz de la OLP confirma que se ha distribuido un documento a todos los grupos palestinos pidiendo que avalen la adhesión al tribunal. “La mayoría” ya lo ha hecho y “en horas o días” lo hará el resto. “Queremos un consenso nacional si es posible. Confiamos en que todos lo van a ratificar finalmente”, asegura. “No queremos asustar ni amenazar a nadie, sino que manifestamos que la comunidad internacional hizo bastante poco por proteger a los palestinos y ahora tenemos que defendernos”, abunda. Hamás es una de las facciones que aún no ha contestado. Si se inicia una investigación en la Corte Penal, puede acabar abarcando también los supuestos crímenes de guerra de este grupo considerado terrorista por EE UU y la UE. El ministro de Exteriores palestino aseguró este martes que “aceptarían su responsabilidad, en caso de que los palestinos hayan cometido crímenes en este conflicto”.
EE UU reclamó a Abbas que no fuera a La Haya para no dañar la negociación
Israel ha firmado pero no ratificado el Estatuto de Roma, pero en ocasiones ministros como el de Exteriores, Avigdor Lieberman, han amenazado con hacerlo para “poder perseguir” a las milicias palestinas. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha acordado iniciar una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por ambas partes este mes en Gaza.
Abbas lleva posponiendo la incorporación a la Corte Penal Internacional desde el 29 de noviembre de 2012. Las presiones, dudas y su debilidad política han retrasado la toma de decisiones. Primero se aparcó el tema para dar paso al debate sobre un reconocimiento pleno del Estado palestino por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Después, el verano pasado, se retomó el proceso de paz con Israel y entonces Estados Unidos exigió que la solicitud de adhesión se guardara en un cajón, hasta que acabasen los nueve meses de diálogo, porque podía “socavar” las negociaciones. Washington reconoce que una denuncia así “supone una profunda amenaza para Israel”, según su embajadora ante Naciones Unidas, Samantha Power.
Israel amenazó en paralelo con anexiones parciales de Cisjordania —como las colonias en las que viven cerca de 400.000 personas— si Palestina decidía ir a La Haya. Abbas frenó, pese a que la sociedad palestina exige masivamente el amparo de este alto tribunal, como indica un comunicado firmado en mayo por 17 entidades de presos, juristas y líderes universitarios.
