El concejal Martín Santana (PJ) adelantó a principios de esta semana que va a presentar un pedido de informes cuando se reanuden las sesiones en agosto próximo. La semana pasada, la municipalidad se anunció el comienzo del asfaltado de 100 cuadras. La obra está a cargo de la empresa Pitón S.A. y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. Una de las dudas era saber si la tarea fue otorgada mediante una licitación pública.
El presidente del Bloque del Concejo, Mariano Giampaolo, le respondió que “la contratación de la obra repavimentación de 100 cuadras del casco céntrico de la ciudad de Concordia fue efectuada mediante la licitación publica Nº 41 / 08”. La licitación fue adjudicada a la firma Pitón S.A. según el decreto Nº 708/08, publicado en el Boletín Oficial Nº 2160 del 2/06/2008.
Otro interrogante sin respuesta es saber porque no realiza la tarea el personal municipal con material aportado por la planta de asfaltado adquirida en la gestión pasada. Santana desconocía si la planta estaba en funcionamiento. no se la estaría utilizando”, dijo. No obstante, admitió que: “si la miro a la planta desde afuera seguramente no me voy a dar cuenta si la utilizaron hace mucho o poco o si la están utilizando”, indicó.
Giampaolo aseguró que tuvieron en cuenta la propuesta de la empresa de utilizar la planta asfáltica para reducir de esta manera el costo de obra. “Esta propuesta generó un ahorro a las arcas municipales de $160.000,00”.
Asimismo, Santana se preguntó si el personal municipal estaba capacitado para hacerse cargo de la tarea. En caso negativo, se interrogó si: “¿cuesta tanto utilizando nuestra maquinaria en vez de utilizar maquinaria externa?”. Además, en caso de dejar la tarea en manos de una empresa privada, se estaría “duplicando los costos de mano de obra” porque los sueldos del personal de planta se siguen pagando.
Por su parte, el titular del bloque del PJ aseguró que el personal municipal “debe abocarse plenamente al bacheo y la reparación de la totalidad de las calles de Concordia, ya que estas se encontraban en pésimo estado”. Giampaolo dijo que cuando asumieron, parecía que las calles habían sufrido un “bombardeo, producto de más de 10 meses sin el más mínimo mantenimiento”. Por lo tanto, los empleados municipales y la maquinaria existente “están abocados íntegramente a la reparación de esa grave falencia”. Recordó la reparación de baches históricos como calle Vélez Sarfield y Villaguay, Balcarce y Alvear y “muchos otros más que lisa y llanamente daban vergüenza ajena”.
Santana también se preguntó si el asfalto que hizo el municipio no era el adecuado. “Pero lo que se ha hecho en la zona céntrica (en la gestión anterior) con máquinas municipales ha andado muy bien”, aclaró.
No obstante, Giampaolo dijo que el trabajo de repavimentación, “se puede decir que tuvo muchas críticas, entre ellas un pedido de informes del Concejo Deliberante de ese entonces, por la mala calidad de los trabajos especialmente en el tramo de 1º de mayo entre Pellegrini y La Rioja”.
En cambio, Santana destacó “no solo las 3 cuadras de asfalto que tuvieron problemas en el centro, sino las 200 que se hicieron con personal municipal y maquinarias y herramientas municipales y la planta asfáltica recibida en comodato por pedido de la gestión anterior”, señaló.
Antecedentes desfavorables
Lejos quedó la gestión de Hernán Orduna (99-03), cuando las cuentas apretaban. Una de ellas fue un contrato de 180 cuadras de pavimentación firmado durante la segunda gestión de Jorge Busto (91-95) con la empresa Roberto Pietroboni. Las cuadras se habían ejecutado en ese lapso durante pero corría 2002 y la municipalidad seguía pagando la obra.
Mónica Berthet, ex-presidente del Concejo Deliberante, en 2002 decía: “sé que hay una deuda pendiente porque se hizo un contrato con la empresa Pietroboni que llamó la atención. Uno (contrato) alcanzamos a rescindir y el otro que ya se había ejecutado y se había hecho por ordenanza municipal y por ordenanza se afectó como contrapartida de que si no se pagaba Pietroboni podía descontar de las regalías que recibía la municipalidad”, expresó. O sea, la obra terminó de ser pagada endeudándose a futuro con créditos que debía recibir el municipio.
En ese entonces, Berthet admitía que la comunidad le reclamaba al intendente el arreglo de las calles que “están deshechas”. Y señalaba que “sería muy fácil llamar a una empresa como Pietroboni y hacer un crédito a largo plazo afectando las regalías o la coparticipación de esta gestión y de la que viene para hacer el asfaltado y seríamos los reyes de la ciudad pero dada la situación que se está viviendo y la deuda que hay, el intendente no se arriesga a invertir el futuro de los concordienses. Me parece que esto es fundamental y lo tiene que saber la comunidad”.
Un grupo de vecinos, en esos años, se había reunido para rechazar el pago de la repavimentación de las calles céntricas efectuadas por Pietroboni. Bruno Laquidara era el abogado que los representaba. En una nota realizada en 2002, Laquidara puntualizaba que “toda obra pública debe contar con una autorización del Concejo Deliberante hacia el poder Ejecutivo para encarar una obras específica y puntualmente individualizada”. El letrado recordaba que en las primeras ordenanzas del año 92 estaba el contrato en sí con la firma de Lemiro Pietroboni y se hablaba de pavimentación de calles. “Con posterioridad este contrato bastante leonino, intenta ser anulado pero en definitiva lo termina reconduciendo y avalando. En definitiva, los errores que podían haberse corregido, los termina convalidando”, indicaba.
El abogado recordaba que aparecía “un cambio de objetivo o de finalidad, ya no se habla de pavimentar sino que se introduce la repavimentación, que nunca había estado autorizada por el Concejo Deliberante. Creo que ahí aparece el principal vicio de nulidad administrativa: no había una autorización expresa del poder Legislativo para hacer la repavimentación, nunca se había hablado. Y esto es absolutamente nulo”.
Otra de las irregularidades, señalaba el letrado, “es que los precios que se terminaron abonando por la obra no se ajustan a la realidad de los precios en plaza”. Y agregaba que la misma obra, presupuestada por un grupo de gente que concurre a las reuniones, “tiene valores muy inferiores a los pactados por el municipio”. En consecuencia, decía: “yo hablaría, en este sentido, de sobreprecio. Yo diría que estamos arriba del 50 % del valor real de plaza en ese momento”.
Víctor Hartmann era el secretario de Obras Públicas de Hernán Orduna. Durante su gestión, realizó una denuncia por el pavimentado del barrio Lezca al ex-intendente Juan Carlos Cresto y los funcionarios que habían intervenido. La instrucción sumaria interna “ha verificado que hay inconvenientes, que hay irregularidades”. El funcionario detallaba que la obra presentaba numerosas deficiencias: el ancho del pavimento era menor al que se certificó y no había documentación que justificase tal anomalía; conexiones de agua muy provisorias por debajo del pavimento; problemas en el trabajo previo al pavimentado.
“Hay elementos suficientes como para avalar esta presentación”, señalaba Hartmann. La obra comprendía 42 cuadras en total, y las irregularidades se registraron en 16 de ellas. En promedio, faltaban entre 40 y 60 cm. de ancho en el asfalto de las 16 cuadras. Se puede hablar, en ese ítem nada más, de un perjuicio para la municipalidad de $ 30.000”, expresaba. “Hay un montón de cosas que no cierran y yo no puedo ser cómplice de todo esto, tengo que por lo menos tomar los recaudos para que la Justicia intervenga”, señalaba el ex-secretario de Obras Públicas.
