El proyecto tiene más de 120 artículos. El más importante es el que establece el presupuesto participativo. La norma permite que “la ciudadanía participe en la elaboración del presupuesto”. Obviamente, no toda la torta de recursos se pondrá a disposición de los vecinos para discutir adonde destinar cada tajada. Hay una serie de gastos “fijos” que no se ponen en discusión: sueldos del personal municipal, amortización de la deuda, etc.
En cambio, una porción de los gastos “variables” se pondrá a disposición de la comunidad. La norma propone que esa porción corresponda a un 10 % del presupuesto total, lo que equivale a $ 7.000.0000 (30 % de los gastos variables).
En caso de que el Concejo sancione la iniciativa antes de fin de año –el Ejecutivo quiere que salga antes del 31 de diciembre para arrancar el 2007 con la nueva normativa en vigencia-, no significa que los ciudadanos ya están en condiciones de discutir en que gastar los $ 7.000.000. “Es un proceso muy complejo y el Ejecutivo debe reglamentar aún la forma en que se discutirán los recursos”, expresó el titular de Hacienda.
La intención es que participe la comunidad en su conjunto, y si bien la forma más rápida de dividir la ciudad es a través de las comisiones vecinales de cada barrio, en la municipalidad no concuerdan con ese enfoque. El temor es que los punteros políticos –individuos completamente ajenos a la transparencia en el manejo de fondos- incidan aún más en el destino de los recursos públicos al estar íntimamente ligados a las vecinales.
Posteriormente a resolver esta cuestión, deberá establecerse la forma en que se votarán los proyectos. “En Rosario recién en su quinto presupuesto participativo pudo saltear este cuello de botella y hoy recién pueden decir ellos que está funcionando en forma óptima. En la última elección que hubo fue a través de voto electrónico”, sostuvo Sierra.
El primer país que comenzó a aplicar la norma fue Brasil, y el municipio que tomó la delantera en esta materia fue Rosario, en momentos en que estaba Hermes Binner de intendente. Sierra expresó que no todas las solicitudes pasan por el asfalto o la obra pública. Y como ejemplo, señaló que los rosarinos solicitan que gran parte del gasto se destine a cultura.
Publicar gastos y declaraciones juradas
El proyecto también establece los distintos sistemas de administración financiera: tesorería, contaduría, crédito público y presupuesto. “Se establece claramente cuáles son las funciones, condiciones y responsabilidades de cada sistema”. Sierra aseguró que la iniciativa está basada en la Ley Nacional de Administración Financiera. “Toma un poco el espíritu de esta ley que fue muy positiva para el Estado Nacional”, sostuvo. El órgano coordinador de los cuatro sistemas será la Secretaría de Hacienda.
Otro punto que se establece es la obligatoriedad que los estados contables sean publicados. “Si bien hoy son publicados en la página web, son publicados por una decisión voluntaria del departamento Ejecutivo y queremos que esto sea una obligación para las sucesivas gestiones”, argumentó.
También se instituye la obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales juradas para los funcionarios políticos. Además se apartaría a la contaduría de la obligación de ejercer el control “interno” del gasto municipal. “Esto es una cuestión del pasado, sabemos que la contaduría tiene la obligación de llevar la contabilidad”.
A cambio, se le otorga al departamento Ejecutivo la facultad de llevar a cabo auditorías de gestión. “Para que se vea todos los procedimientos que hay en las distintas áreas para ver si hay algún desvío para poder corregirlo”, expuso.
Dentro del proyecto se establece la responsabilidad que tienen aquellos que recaudan. “La pérdida de crédito tributario, ya sea por negligencia, de un funcionario debe estar legislado en nuestra ordenanza de administración financiera y deberán tomar todas las precauciones para evitar la perdida de crédito tributario”, agregó.
