El municipio san salvadoreño, que gobierna el intendente del FpV Marcelo Berthet, no obtuvo resolución favorable al recurso de inaplicabilidad de ley que había planteado contra la sentencia condenatoria y ahora deberá hacer frente al pago de una importante suma de dinero a la agente Liliana Beatriz Berthet, prima hermana del jefe comunal, por haberla marginado en su derecho de ascenso y promociones en su carrera.
La actora, profesional veterinaria, venía batallando en tribunales para que se reconozca su derecho de recategorización automática cada 10 años mediando permanencia en su categoría, derecho que le había sido denegado en su reclamo interno ante el mismo Departamento Ejecutivo, y se le indemnice el daño moral causado por la injusta discriminación laboral padecida durante una veintena de años.
La Justicia, en un fallo inédito que no tiene antecedentes en la provincia y sienta jurisprudencia, ordenó al Municipio a otorgarle 2 categorías más por encima de la actual de su situación de revista, a abonarle retroactivamente por los últimos 8 años (2008 al 2017 inclusive) las diferencias salariales entre categorías, el adicional por permanencia, más los intereses y el pago de un resarcimiento por daño moral, debido a la injusta marginación y bloqueo de la carrera administrativa de la agente municipal que no obtenía promociones, ascensos ni recategorizaciones, a pesar de carecer de antecedentes disciplinarios y acreditar un legajo de servicios impecable, con numerosísimos cursos de capacitación y reconocimientos varios a su desempeño como empleada fuera de los límites de la Municipalidad.
El Estatuto de Trabajadores y Empleados Municipales de San Salvador tiene diseñado un sistema de recategorización automática cada 10 años mediando permanencia en la categoría y una bonificación por antigüedad progresiva en 5 tramos hasta llegar al decenio, como modo de estimular el desempeño del agente. Este derecho fue vulnerado y desconocido sistemáticamente por el Municipio con relación a la veterinaria Berthet, mientras en el mismo lapso se recategorizaban en forma masiva empleados aún con menos de 10 años, llegando en algunos casos a dos promociones sucesivas en el transcurso de 2 años.
La judicialización del asunto revela que en ocasiones el Estado y sus funcionarios incurren en arbitrariedades, al considerar que las recategorizaciones, la promoción de agentes estatales, el otorgamiento de adicionales y funciones, constituyen una suerte de poder graciable sin sujeción a control alguno, manteniendo al trabajador estatal como rehén de trifulcas partidarias, políticas o personales, desincentivando al buen empleado.
El abogado de la trabajadora, el Doctor Juan Carlos Arralde, explicó que "no existen ya recursos judiciales disponibles contra esta resolución en la estructura judicial entrerriana, por lo que la sentencia quedará firme" y se mostró en extremo satisfecho por el logro profesional obtenido, el valor del precedente judicial logrado, que se extiende a todos los empleados públicos que padecen situaciones semejantes a la fallada y el límite que estas decisiones judiciales le impone a los gobernantes.
