Al momento del ingreso de la iniciativa, el bloque del Frente Cambiemos realizó una conferencia de prensa en la que la concejal María Marta Zuiani dijo que “las personas que se presenten a comprar tienen que saber que tienen limitaciones en cuanto a la demolición y la construcción en altura”.
En la última sesión, realizada el 22 de diciembre, Cambiemos quiso tratar sobre tablas la iniciativa. Sin embargo, no les alcanzaron los votos dado que el edil Santiago Gaitán se había levantado momentáneamente de su banca. El concejal justificó su ausencia por razones “fisiológicas”.
Finalmente, el tratamiento de la norma pasó para el orden del día del próximo encuentro legislativo.
Por su parte, el presidente de la bancada oficialista, Carlos González, defendió la decisión y dijo que “(la oposición) objeta medidas que presentan como expoliación al interés histórico de los paranaenses. Se trata de edificios que pertenecían al Banco Municipal que ellos fundieron” y agregó que “los dejaron destruir durante doce años”.
Desde el bloque del Frente para la Victoria, Cristina Sosa, criticó la idea y sostuvo que desde su espacio político quieren saber “si la venta es necesaria, qué es lo que se priorizará, para qué se utilizarán esos fondos que, entre comillas, dicen que constituirán una herramienta para recaudar fondos para la ciudadanía. Ese fundamento, que se puede encontrar en la norma, es un fundamento preocupante, junto a otros, como el que dice que esos edificios constituyen un patrimonio ocioso para la Municipalidad”.
El proyecto, presentado el 13 de diciembre pasado, busca que los concejales autoricen al Departamento Ejecutivo a comercializar las mencionadas propiedades “pertenecientes al dominio privado municipal”.
En los fundamentos de la propuesta presentada por el intendente, Sergio Varisco, se sostiene que “la Municipalidad de Paraná posee inmuebles que por su antigüedad y falta de mantenimiento se han deteriorado, y hacen económicamente inconveniente su reparación y puesta en valor”.
También se indica “la falta de accesibilidad, tal como el inmueble que perteneciera al ex Banco Municipal de Paraná SEM, hoy propiedad de la Municipalidad de Paraná, producto de la liquidación de dicha entidad”.
En el texto se sostiene que estos “inmuebles con todo lo construido, edificado y plantado se encuentran en franco estado de abandono, sin cuidados ni mantenimiento a lo largo de varios años y presentan además serios problemas edilicios que hace riesgoso el trabajo tanto de los empleados como el deambular de los vecinos en su interior”.
A su vez se considera a dichas propiedades como “patrimonio ocioso” que, en caso de venderse, generarían fondos para el programa de descentralización que lleva adelante la administración municipal para descongestionar el centro de la ciudad. En este sentido, los ingresos generados por la transacción serían destinados a la edificación de nuevas oficinas y dependencias o poner en valor las ya existentes.
En este sentido, está previsto que los montos que se recauden se depositen en una cuenta especial cuyo destino será la ejecución, construcción, refacción o ampliación de edificios para el funcionamiento de dependencias municipales, conforme la planificación de la gestión.
Según lo estipula la ley Provincial N° 10.027 (Régimen municipal) se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Concejo para enajenar o gravar los bienes o rentas de propiedad municipal.
El proyecto presentado también estipula que se deberá realizar una licitación pública para concretar la operación e indica que será la Comisión de Avalúo la que efectuará las tasaciones correspondientes y sugerirá el precio base para la venta de cada uno de los inmuebles.
En el articulado se sostiene que el Departamento Ejecutivo efectuará la consulta correspondiente con el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios y el área competente del Banco de la Nación Argentina, en el mismo Decreto que se disponga el procedimiento que se seguirá para concretar la venta.
