Continúa: «Lo hacemos para solicitarle urgente intervención para revertir esta situación, en tanto entendemos que los casos se reiteran, se recrudecen, y con ello se corre el riesgo de su naturalización. La violencia institucional implica la puesta en riesgo de la seguridad y los derechos más básicos de los ciudadanos”.
“Resulta común y reiterada en los comentarios la alarma por el crecimiento de los casos de violencia institucional”, consigna en la nota el funcionario. “Esto incluye: golpes en el marco de un uso desmedido de la fuerza al momento de detención en la vía pública, como también durante el traslado y en comisaría; insultos, burlas, denigración a las personas y detenciones innecesarias”, agrega la nota.
Según se explicita en el escrito, la Dirección de Derechos Humanos de Gualeguaychú identificó:
-Una mujer trans golpeada por agente policial fuera de un boliche bailable, siendo luego insultada en comisaría.
-Un joven con discapacidad mental es insultado e intimidado por un móvil policial, en las cercanías de su casa.
-Dos jóvenes, de 16 y 19 años, son detenidos violentamente, por ser sospechados de robo. En el operativo fueron maltratados y golpeados. Sus padres, que se hicieron presentes en el operativo, denuncian los malos tratos y luego también amenazas por parte de uno de los agentes policiales. Luego el mayor es amenazado por el agente policial.
-Una mujer, al momento que la policía concurre a detener a su sobrino, es golpeada por una agente policial. La mujer tiene cáncer y estaba recientemente operada al momento que es golpeada, lo cual implica un alto riesgo debido a su delicada situación de salud.
-Un menor, luego de sufrir una grave golpiza por parte de un joven, no habría recibido la atención inmediata a pesar de que la policía estaba en el lugar.
-Un joven al ser detenido es golpeado en el lugar de detención y durante el traslado, recibiendo también amenazas explícitas e insultos.
A estos se suman al menos 36 casos en 2019. Entre estos, son importante destacar un caso de tortura, en el cual un agente habría practicado la técnica de “submarino seco” a un joven al momento de su detención, y obviamente el asesinato por ‘gatillo fácil’ de Iván Pérez, el 9 de octubre de 2019, por parte de un agente de la policía que contaba con graves antecedentes, un caso de extrema gravedad que creemos que se inscribe en este preocupante contexto de incremento de prácticas autoritarias, que esperamos encuentre justicia”, agrega el funcionario.
“Nos preocupa mucho esta situación y entendemos que de no tomarse medidas empeorará”, vaticina en la misiva. El viernes de la semana pasada, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia advirtió a Jorge García, jefe de los fiscales provinciales, sobre el incremento de episodios de abuso a manos de la Policía. Esto motivó un encuentro con la ministra Romero donde le apuntaron cuatro ciudades como epicentros de estas prácticas: Gualeguaychú; Paraná; Concordia y Federación.
