El documento elaborado por las organizaciones que componen la Multisectorial expresaba que “no persigue el equilibrio fiscal de los estados provinciales, sino que es otra maniobra de chantaje del Fondo Monetario Nacional (FMI) para asegurar el pago de la deuda externa a costa del hambre de los argentinos”, al tiempo que denunciaba que se aplican criterios similares a los fijados por Domingo Cavallo cuando impulsó el Déficit Cero, “renunciando al gasto público como promotor de las economías, tal cual lo hace la mayoría de los países”.
Según han venido repitiendo los gremios, con la aprobación de esta ley, la provincia debería ajustar sus gastos corrientes primarios para adecuarlo al pago de los servicios de la deuda, lo que implicaría la restricción del gasto en salud, educación y asistencia social, créditos a los productores y alimentos salariales. Además, manifestaron que “el equilibrio de las cuentas públicas no debe ser una disposición del organismo que mayor responsabilidad ha tenido en el descalabro financiero del país, sino que debe estar en relación con las necesidades del pueblo y en función de decisiones autónomas e independientes”.
Las críticas para el gobierno provincial fueron tibias, pero también estuvieron presentes: llegaron cuando se planteó el tema del proyecto de presupuesto remitido el 30 de septiembre pasado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Si bien se destacó que “se cumple con los plazos constitucionales”, también retrucaron que “no se advierte que el gobernador atienda las necesidades más acuciantes de la gente, con altos índices de exclusión social y pobreza”, y remarcaron que “en lo salarial, sólo se hace hincapié en cubrir el poder adquisitivo sin contar que se parte de un salario paupérrimo”.
Pero el punto central de los cuestionamientos tiene que ver con el hecho de que el proyecto de presupuesto tiene artículos que fueron tildados de “inconstitucionales” porque “otorga al gobernador facultades exclusivas del Poder Legislativo”.
Por último, el documento instaba a realizar “con urgencia” una reforma impositiva provincial, que tenga “criterios de equidad tributaria, con mayor presión fiscal sobre los que más ganan y para que paguen más los que más tienen. Asimismo, es imprescindible gravar a los denominados pools de siembra, que a pesar de extraer inmensas ganancias de la provincia, no tributan en ella”.
