La muerte de Zapata pasa a engrosar la cada vez más larga lista de genocidas que murieron sin condena o que han sido separados de juicio por incapacidad mental sobreviviente, en una causa que ya lleva más de diez años desde su reapertura y que todavía no tiene sentencia.
Como hemos manifestado en innumerable cantidad de ocasiones: las dilaciones en esta y otras causas por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos se traduce en garantía de impunidad para los genocidas. Al mismo tiempo, condena a los familiares de nuestros compañeros desaparecidos a dejar este mundo sin conocer, al menos, el alivio de la justicia.
“Zapatita”, como se lo apodaba, se desempeñaba en la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos y actuaba sobre todo en la localidad de Diamante como uno de los ejecutores del plan sistemático de represión ilegal. Estaba acusado por la imposición de severidades, vejaciones, apremios e imposición de tormentos en perjuicio de 13 presos políticos.
Reiteramos nuestra exigencia a la Justicia Federal de Entre Ríos de agilizar los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, poner fin a los planteos dilatorios de los acusados y, en definitiva, asumir el rol que le corresponde en la actual etapa histórica de los derechos humanos que han hecho de la Argentina un ejemplo a imitar en el plano internacional.
