La situación empeoró en la última década, cuando el tejido social comenzó a mostrar los agujeros por donde se coló la pauperización y la exclusión: entre 1991 y 2001 en Entre Ríos la población con cobertura de salud cayó del 61,5 al 51,3 %.
No está mejor el tercio de población que tiene ¿asegurada? la cobertura social a través de dos de las mayores obras sociales que financia el Estado, provincial y nacional, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y el PAMI. En sendos organismos las desavenencias con los prestadores, cuya base es una disputa por el reparto de una cartera de aproximadamente 9 millones de pesos al mes, produce continuos cortocircuitos que desembocan en las penurias que soportan los afiliados.
Un proceso de exclusión que se inició en los 90 y explotó en 2001
El doctor Miguel Barbará, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler), concuerda en que “el achique” de la población que estaba bajo el paraguas de las obras sociales se inició, en forma progresiva, a mediados de los años 90 e hizo eclosión a partir de 2001. Ese cambio de escenario, caracterizado por una contracción de la demanda, les produjo un desfase que ahora se ha visto agudizado. “El sector de las clínicas estaba montado con una capacidad instalada para atender al 80 % de la gente que tenía cobertura social, y de golpe ese mercado se fue achicando, y ahora estamos con un 50 %. Las obras sociales se nutren de los aportes, y con más desocupación, se achica la torta, y con eso nos afectamos todos”, dice Barbará.
El “mapa social” de Entre Ríos, en realidad, se distorsionó en los años 90. La población ocupada bajó del 51,2 % al 39,9 % entre 1991 y 2001, y los desocupados treparon del 2,7 al 13,9 %, o sea que sumaron cuatro veces más, y si se observa qué pasó hacia adentro de las distintas ramas del trabajo, se ve con nitidez que la pérdida de puestos fue más fuerte en el sector privado y, en contrapartida, donde más creció el empleo fue en la órbita estatal. El empleo en la industria manufacturera mermó en un 38,2 %; en el comercio, un 8,8 %; y en el servicio doméstico, un 33,6 %. Y creció en la administración pública un 7,41 %; y en educación un 22,6 %.
Lo que se mantuvo relativamente inalterable es el porcentaje de trabajadores que están “en negro”, pasó del 34,29 al 31,58 %, lo que significa que existen unos 70 mil empleados en relación de dependencia que no cuentan con aportes jubilatorios; en la vereda opuesta se encuentran 152.422 empleados que sí cuentan con los aportes de ley, según se desprende de un informe sobre la situación social provincial que se presentó en julio último en el seno del Consejo Consultivo.
Dentro de lo que es la economía informal, la situación más crítica se observa entre los cuentapropistas: sólo un 32 % aporta a su jubilación, mientras que el 68 % no lo hace. Ese dato, revelador, indica que hacia futuro se irá profundizando una situación que ya hoy se presenta con toda su crudeza: hay 25 mil personas mayores de 65 años (el 23,4 %) que carecen de un beneficio de jubilación o pensión.
