A finales del año pasado la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) acordó con el Gobierno, en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un pequeño bono de $26.000 pesos para fin de año con el objetivo de paliar la caída del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
Según explicó el gremio este monto fijo sería cobrado sólo por los trabajadores formales que perciban un ingreso inferior a $185. 859.
El acuerdo vino con la promesa de una próxima reunión para revisar la última paritaria firmada en agosto del 2022, la misma estipulaba una instancia de reajuste en enero para intentar contener la escalada inflacionaria.
La Mesa de Enlace que rechazó en diciembre este acuerdo y se negó a pagarlo, recurrió este jueves al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 71 para solicitar una medida cautelar que le permita “legalmente” no abonar el bono extraordinario de fin de año a los trabajadores rurales.
Pese a los distintos beneficios que les viene dando el Gobierno, cómo el dólar soja, las patronales agrarias ponen de excusa la sequía para intentar evadir el pago, y apelan a las condiciones “crítica” de los productores, sin mencionar claro ni las ganancias que tuvieron en el último año, ni la situación en la que se encuentran los trabajadores registrados y mucho menos de los miles que se ven obligados a trabajar de manera informal sin ningún derecho laboral, un 70% de los trabajadores rurales sufren esa condición.
A esto hay que sumarle la negativa de los miembros de la Sociedad Rural de actualizar la paritaria como habían acordado el año pasado.
