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La memoria de un testigo presencial

El fiscal José María Campagnoli, que investiga tres casos de abusos sexuales en River –dos cometidos contra jugadores juveniles y uno contra una jugadora de voley– ocurridos entre 2004 y 2011, recibió ayer una carta firmada por un familiar de dos ex futbolistas del club, y en la que detalla los mecanismos que empleaban los abusadores en la pensión que alberga a los jugadores de las inferiores.

Para Bonicalzi, quien presentó la carta ante la justicia, el documento posee “un valor probatorio por el nivel de detalle que tiene”. “Hemos podido corroborar determinados datos y vínculos que se mencionan”, afirmó el letrado.

El abogado remarcó que “están todos los datos filiatorios” de los involucrados. “Creo que el fiscal lo va a llamar en calidad de testigo” al autor de la carta, adelantó, y añadió que se trata de alguien que “era un jugador de inferiores hasta que le dieron asco las cosas que estaban pasando y se fue”. 

Si bien la carta no aporta datos sobre los tres hechos puntuales de abuso que denunció Avivi, sí relata el modus operandi, consideró Bonicalzi.

En el mismo sentido, la titular de la ONG, María Elena Leuzzi, sostuvo que “esto venía ocurriendo desde hace tiempo atrás y nadie decía nada. Al menos en los últimos 40 años venía pasando, con detalles muy graves, todos lo conocían y nadie intervino”.

Como los abusos sexuales son delitos considerados de instancia privada, es decir que requieren de la denuncia de las víctimas, tanto el fiscal Campagnoli como el abogado de Avivi convocaron a quienes sufrieron abusos a que presenten las denuncias.

Bonicalzi remarcó que “es importante que aparezcan las víctimas”. “Sus declaraciones son fundamentales ya que te permite reconstruir la verdad histórica de esos años. Sin víctima no hay hecho”, sentenció. 

En tanto el titular de la Fiscalía de Saavedra consideró que “si las víctimas o sus familiares no hacen la denuncia, la facultad del Estado en cuanto a la investigación es limitada”.

Por otra parte, el fiscal Guillermo Marijuan, junto a personal de Gendarmería, allanó las oficinas que la Confederación Argentina de Gimnasia tiene en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), para buscar las bases de datos de atletas y gimnastas becados por la institución, en el marco de la causa en la que el  Comité Olímpico Argentino (COA) actuó como denunciante.

La denuncia, que tomó estado público el martes y recayó en el juez federal porteño Sebastián Ramos, comenzó a tomar forma luego de que, en una cena de camaradería, un atleta ellos contó los abusos que sufrió por parte del entrenador del equipo, quien fue desvinculado de la organización a fines de febrero de este año, luego de conocidos los hechos.

Si bien por ahora hay una denuncia, el titular del COA, Gerardo Werthein, explicó que “en el verano, a través de la persona que maneja la relación con los atletas, tomamos conocimiento de algo muy antiguo, de los años 90. Se trataba de comentarios de abusos. Entendemos que nuestro deber era presentarnos ante la Justicia y que esto se investigue. En la presentación no mencionamos los nombres de los damnificados”.

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