“El anuncio no está de acuerdo al horizonte trazado por la comisión de salario de Agmer”, explicó. Desde el sindicato exigen que el salario mínimo no sea inferior a la línea de pobreza. Y un porcentaje anual para todo el escalafón de activos y jubilados de equiparación con el proceso inflacionario. “Lamentablemente estas dos sumas fijas están muy lejos de lo que estamos demandando”, remarcó.
Un docente que comience a trabajar en 2020 percibe cerca de $ 25.000. Mientras que la canasta básica trepó a los $ 45.000 en estos últimos meses. “El docente que recién se inicia está muy lejos de la línea de pobreza”, dijo Niz. Y añadió: “lamentablemente gran parte del escalafón de los que recién se inician y docentes de muchos años de antigüedad están por debajo de la línea de pobreza”. “Esto era así en marzo y se ha profundizado debido a la gravedad de todo lo que se está viviendo”, señaló.
Dos factores se conjugaron para llegar a esa situación: los docentes están con los sueldos congelados desde marzo, por efecto de la pandemia, y el proceso inflacionario no se detuvo durante los últimos seis meses. Incluso se exacerbó, a pesar del esfuerzo del gobierno congelando alquileres y servicios públicos, con los sucesivos aumentos de los alimentos.
El encuentro con el gobierno quedó en cuarto intermedio y mañana volverán a reunirse. “Este viernes habrá que aguardar que resulta de la nueva audiencia y nosotros esperamos que el gobierno haga una propuesta superadora”, señaló. Aunque Niz dijo que el Frente Gremial podría presentar una contrapropuesta antes de ingresar a la audiencia.
Niz dijo que el anuncio fue rechazado de entrada, pero decidieron esperar por la decisión de los restantes sindicatos que conforman el frente gremial: ATE (Asociación Trabajadores del Estado), UDA (Unión de Docentes Argentinos) y Amet (Asociación del magisterio de Enseñanza Técnica). Pero los demás gremios fueron sumándose al rechazo a la propuesta.
Además, sostuvo que Agmer rechazó el anuncio porque “no respeta los parámetros históricos del sindicato: que todo salario debe ser remunerativo y al básico”. Eso significa que a todo incremento salarial se le deben aplicar los descuentos para la obra social.
El sindicato no recibía una oferta salarial desde que comenzó la paritaria, que quedó congelada por efecto de la suspensión de clases por el Covid 19, en marzo pasado. Y a pesar de que comenzaron con las desconexiones virtuales en julio pasado, recién dos meses más tarde, en septiembre, lograron que el gobierno los convocase para hacer un ofrecimiento.
No obstante, cabe acotar que las provincias atraviesan un proceso complejo como el que se genera cuando cae la recaudación por efecto de la pandemia. De hecho, sancionó una ley de emergencia solidaria que estableció descuentos a los empleados públicos que ganasen más de $ 75.000. Por ello, Niz celebró los fallos de los jueces Ángel Moia, para los jubilados, y de Elena Albornoz, en el caso de los activos, convalidando el pedido del gremio de derogar los artículos 4º, 5º y 6º de la ley mencionada.
