Las escuchas dentro del penal habían sido ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, como parte de una causa que tiene a Segovia entre los imputados, y donde surgía la sospecha de que se seguían cometiendo delitos aunque estuviera preso. Las intervenciones abarcaban no sólo el pabellón donde él se encuentra alojado sino otros, incluido el módulo 6, donde están los detenidos vinculados a causas de corrupción, en el programa que el gobierno de Cambiemos bautizó como IRIC (Intervención para la reducción de los índices de corruptibilidad), a raíz de que Segovia, en una escucha, le indica a su hermano que se tenía que comunicar con alguien que estaba en otra parte del penal, según pudo reconstruir PáginaI12 de allegados a la causa. El único objetivo de esas escuchas era detectar movimientos vinculados a la causa de narcotráfico. La interceptación de esos teléfonos se remonta a septiembre del año pasado y en ellas trabaja contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que escucha y transcribe. El organismo depende de Gustavo Arribas y del Poder Ejecutivo. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) de la Corte Suprema recibe los números telefónicos que indica el juzgado y manda a hacer la interceptación.
Anteayer, en función de la denuncia de Oliveto y Zuvic el jueza Claudio Bonadio le pidió a su colega de Lomas de Zamora que le envíe las escuchas en cuestión. Pero Villena le respondió que él no tenía esos diálogos que no tienen relación con su causa, y debía pedírselos, en todo caso, a la AFI o a la Dajudeco. La lógica sería que el juez se pregunte cómo es que Carrió tenía transcripciones de escuchas que debieron haber sido desechadas porque atañen a asuntos personales de personas privadas de la libertad. Es más, podría haber allí conversaciones con sus abogados, que gozan de una protección especial a través del artículo 7 de ley 23.187.
Las fechas de las escuchas entregada al juzgado impiden, además, concluir que la denuncia se armó dentro del penal. La que atañe a Baratta, es del 1 de febrero. Allí habla con el ex funcionario Carlos Zelkovicz, y se refieren a la denuncia contra Stornelli, comentan que no se sabe qué actitud tomará el juez Alejo Ramos Padilla y suponen que está avanzando con medidas, y que le tomará tiempo. A esa altura, podían conocer perfectamente el caso ya que la denuncia del empresario Pedro Etchebest fue presentada el 28 de enero, o sea, antes de aquella charla telefónica, que -además-abordaba un tema que lógicamente interesaba a Baratta, que está detenido por la causa de los cuadernos en función de la cual el denunciante, que incluso trabajó en Enarsa, dijo que lo extorsionaban. La otra escucha, entre Schiavi y el diputado del Parlasur Eduardo Valdés había sido el 17 de enero -cuando la extorsión ya se había producido- pero según el mismo aclaró, se refería a un intento fallido de que se arrepintiera el ex secretario de los Kirchner, Isidro Bounine, que está preso. Valdés hablaba de que se venía el “Stornelli puf”. De nada de esto se puede deducir el armado de una denuncia desde adentro de la cárcel por extorsión.
En distintos pabellones del módulo 6 de Ezeiza, donde los teléfonos están intervenidos, hay varios presos vinculados al kirchnerismo. Próspero presentó el habeas corpus por todos ellos ante el juzgado del propio Villena, que tiene jurisdicción en Ezeiza, que fue rechazado pero podría devenir en investigación. Interviene la fiscal Cecilia Incardona. Aparte presentó una denuncia penal que abarca a Macri, Stornelli, Carrió, Zuvic, Oliveto y Bullrich entre otros, aunque es evidente que si avanza una investigación sobre el uso de transcripciones que debieron estar destruidas, la AFI deberá entrar también en la mira.
