Vale recordar que fue el propio ministro de salud quien adelantó a varios medios de comunicación locales y nacionales que la nena iba a ser sometida a una cesárea y fue él también quien luego habló sobre el estado de salud de ambas.
“La violación de la intimidad compone un doble incumplimiento de funcionario público de parte del Ministro porque, por un lado, viola los derechos humanos a la privacidad y dignidad y por el otro, desconoce los límites de la propia incumbencia y el saber médico que como profesional de la salud y funcionario estatal debiera dominar para no transgredir en sus funciones”, dice el comunicado.
La señora está acompañada y asesorada por organizaciones de mujeres y derechos humanos que piden además sanciones administrativas para los responsables de los lugares en los que estuvo internada la niña por no cumplir los “principios del protocolo” de la Interrupción Legal del Embarazo.
