“Antes esta provincia era considerada de paso, hoy es de consumo y de consumo importante. Por eso se necesita una reacción de la sociedad y de los poderes constituidos. Seguramente todas las propuestas son perfectibles, pero lo ideal es enemigo de lo posible, hay que actuar ya, sin dilaciones», expresó.
También sostuvo que «la Policía entrerriana tiene 9000 efectivos, comisarías y vehículos en toda la geografía provincial, una Dirección de Toxicología y la Justicia provincial está presente en todos los departamentos judiciales con jueces, secretarios y fiscales. Toda esa estructura puede servir para la lucha contra el tráfico de drogas.
Actualmente la lucha contra las drogas es de competencia exclusiva de la Justicia Federal y de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal). El diputado radical señaló que el 20 de diciembre de 2005 los diputados aprobaron por unanimidad la adhesión a esa ley nacional. El Senado recién se expidió el 13 de junio de este año, casi dos años después. “Le incorporó otras disposiciones que hacen prácticamente inaplicable la ley porque supedita su vigencia efectiva a la llegada de fondos que debe enviar la Nación”.
Para Fernández, es evidente que no alcanza con la estructura federal, porque Juzgados Federales solamente hay en Paraná y Concepción del Uruguay, en tanto la Gendarmería se ocupa de las fronteras y las rutas, la Prefectura de los puertos y los ríos y la Policía Federal sólo tiene delegaciones en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay.
La semana pasada, en la última sesión, los diputados por unanimidad y sobre tablas, insistieron en la sanción original de la ley de adhesión. “También planteamos que el Senado trate rápidamente este expediente, ya sea insistiendo con su propio texto o avalando el nuestro”, agregó.
“Mientras leemos o escuchamos que se vende droga en Entre Ríos, que aumenta el consumo en todo el país, que nuestros jóvenes están indefensos expuestos a ese flagelo, no podemos quedarnos cruzados de brazos o entrar en discusiones estériles», expresó.
Asimismo sostuvo que puede entender la posición de los jueces que se alarman por un posible incremento de causas, por eso se está trabajando en la implementación del nuevo procedimiento penal y se está escuchando a los jueces y a los fiscales que expresan las necesidades de la justicia penal. “Yo apoyo sus pedidos de mayor infraestructura y lo que necesitan en materia presupuestaria para trabajar mejor, pero esto no puede impedir que intervengan en el combate contra la droga. Todos tenemos que intervenir, nadie puede mirar para otro lado, porque nadie está exento de que alguien cercano caiga como víctima en las garras del narcotráfico”, argumentó.
“Las cuestiones de competencia, el refuerzo de las partidas y el personal, la actuación del Estado en la prevención y en la asistencia del drogadependiente, son materias que hay que analizar pero sin que ello evite la adhesión a la Ley 26.052. No se trata de apurar porque sí, para que las cosas salgan mal, se trata de reaccionar para demostrarles a los traficantes que queremos una provincia libre de drogas», finalizó
