Los legisladores dejaron en claro que el proceso para la contratación del servicio de agente financiero que llevó adelante el gobierno provincial, “se realizó mediante un proceso de licitación pública, legal y transparente” y que las objeciones de la oposición se limitaron a declaraciones mediáticas.
Al respecto, postularon en primer lugar que el proceso actual se llevó adelante, a diferencia del año 2005, mediante “una licitación pública, con condiciones objetivas que estuvieron a la vista del público, y con el seguimiento de la comisión legislativa”, que ambos integran, así como los legisladores de la oposición Esteban Victor y Rubén Dal Molin.
Asimismo señalaron que «se establecieron requisitos mínimos, para garantizar mayores posibilidades y participación de oferentes», y que «en el marco de esta convocatoria el Nuevo Bersa fue la única empresa postulante.
Por otra parte y ante las declaraciones de los legisladores de la oposición, Loggio y Farfán manifestaron que «una estrategia muy usada por la oposición para desacreditar todo lo que hace un gobierno no afín a sus intereses, consiste en hacer denuncias sobre cuestiones técnico-legales en los medios de comunicación, y no a través de los mecanismos o vías que corresponden a cada procedimiento administrativo».
«Victor y Dal Molin como miembros de la Comisión de Seguimiento de la Licitación, recibieron previamente una copia del decreto de llamado a Licitación Pública y el Pliego de Bases y Condiciones que lo regiría, y luego durante todo el proceso y teniendo la oportunidad de interponer alguna impugnación o algún recurso de los que permite el ordenamiento legal, no lo hicieron», con lo cual lo consintieron.
«Por supuesto que esta estrategia resulta poco creíble, porque cuando quien tiene una responsabilidad de control cree que se ha violado un procedimiento legal de tanta importancia como lo es una licitación del agente financiero, debe rápidamente hacer las denuncias legales pertinentes, y no quedarse a pasear en algún show mediático».
Los legisladores oficialistas Néstor Loggio y Mariana Farfán destacaron que las nuevas condiciones que se establecieron resultan más convenientes que las actuales y que implican beneficios concretos para el sector pasivo y productivo, a través de descuentos en los préstamos que tomen. Del mismo modo, adelantaron que habrá un “serio y riguroso” seguimiento del servicio que se preste en las sucursales, para evitar las demoras en la atención, para lo cual tienen en mente requerir el acompañamiento de los Municipios.
En referencia al ahorro financiero, mencionaron que en el sistema vigente, el Estado pagaba comisiones a la entidad financiera, mientras que a partir de la entrada en vigencia del próximo acuerdo, el Gobierno percibirá un canon del banco.
“Las comisiones que deberá pagar a partir de septiembre la provincia serán un 20 % menores que las actualmente vigentes. Además, cobrará un canon del 3,6% sobre la masa salarial de agentes públicos activos y pasivos durante los cinco primeros años, que se ampliará al 4% en el segundo lustro”.
“Este esquema es similar al que tiene la provincia de Santa Fe, que se solía poner como ejemplo de lo que había que hacer, con la salvedad de que en Entre Ríos la entidad pagará una tasa del 7% de ingresos brutos”, subrayaron Loggio y Farfán.
“Esto representará un ahorro estimado en un 27% sobre el actual esquema vigente. Esto significa que por cada cien pesos de comisión que paga actualmente el Estado, pagará 73 a partir de septiembre”, puntualizaron.
Los beneficios de este entendimiento “no son sólo para la Administración Pública. Activos y pasivos del Estado podrán acceder a una reducción del 5% en la tasa de interés que pagarán por los créditos personales y lo mismo ocurrirá con los sectores productivos que precisen acceder al financiamiento”, consignaron.
“Los que formaron parte de la fiesta financiera para pocos de las Lebacs y las Leliqs deberían hacer un mea culpa antes de lanzar denuncias. El ámbito para las denuncias es la Justicia, no los medios”, detallaron.
Por último, adelantaron que habrá un control “estricto” de los servicios que debe brindar el agente financiero, a fin de evitar aglomeraciones, colas y largas esperas. Para ello, impulsarán que los Municipios deban articular con Defensa del Consumidor de la Provincia para este seguimiento, habida cuenta de que son la representación estatal “más cercana en territorio” a tales problemas.
