Tras el intenso debate originado en la ciudad, y en particular en el foro de discusión generado en este diario en base a la participación de los lectores con sus comentarios, respecto del proyecto de inversión y mantenimiento mixto que se discutía en el seno del Consejo de Seguridad de Concordia, que proponía la instalación de 50 cámaras de videovigilancia en Concordia, cuyo mantenimiento estaría a cargo de una empresa privada; situación que había originado un disputa en el plano del Concejo Deliberante, por la propuesta de contratación directa, que éste cuerpo debía resolver, el gobierno de la Provincia decidió finalmente resolver la demanda con una inversión 100% estatal, y sin intermediarios. Así lo anunciaron en Concordia el Ministro de Gobierno y Justicia y el Jefe de policía de la provincia, el pasado 4 de septiembre, cuando participaron de la reunión del concejo de seguridad, e informaron que Concordia y Paraná, serían las primeras ciudades entrerrianas en contar con el sistema 911, que incluye entre sus distintos dispositivos de telecomunicaciones, el servicio de videovigilancia. Además, se precisó, que las compras no se harán por contratación directa sino por licitación publica, a cargo de la provincia, y que se trataría de una inversión totalmente Estatal.
Este proyecto sin dudas superador al que se venía estudiando en el Consejo de Seguridad de Concordia, fue bien acogido por el ente mixto, razón por la que, el proyecto de tercerización de la instalación y mantenimiento de las cámaras quedó, al menos en lo visible, hecho a un lado.
No obstante, en una medida coincidente con la decisión del Poder Ejecutivo, la cámara de diputados de la provincia sancionó el miércoles con algunas pequeñas modificaciones un proyecto de ley del diputado del Frente Entrerriano Federal Diego Lara, que regula la instalación y utilización de la vigilancia por cámaras y videocámaras en los espacios públicos, en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos.
La norma prevé con buen criterio, una serie de medidas tendientes a resguardar los derechos civiles y a reducir el riesgo de manipulación o mal uso de la información, y el tráfico de influencias.
Uno de los aspectos centrales de la ley, es el que establece que la única autoridad de aplicación en la provincia para este tipo de monitoreos, es la Policía de la Provincia; con lo cual quedan abortados los proyectos de vigilancia mercerizada a empresas privadas o controladas por municipios. Según la norma, estas iniciativas solo pueden tener dos vías, o integrarse al sistema controlado por la policía, o ser desmantelados.
Asimismo, la norma establece que los funcionarios policiales que operen el sistema, serán penalmente responsables de los delitos en que pudieran incurrir al manipular las cámaras y su registro. Y se establece la obligatoriedad de sanciones sumarias para los casos en que los hechos no estén tipificados en el código penal.
Las cámaras no podrán bajo ningún concepto, espiar hacia el interior de propiedades privadas, y los funcionarios estarán obligados a destruir automáticamente la grabación de cualquier imagen que pudiera violar la intimidad de las personas. Además está prevista que la destrucción semestral de todas las grabaciones que no fueran solicitados en el plazo por fiscales o jueces como prueba de causas en proceso.
Se prohíbe también el archivo clasificado de filmaciones, y la difusión de imágenes por otros medios. Todas las filmaciones provenientes del sistema son consideradas confidenciales y solo pueden ser extendidas a fiscales, jueces y defensores, que lleven adelante causas contravencionales o penales en proceso.
La Ley establece también la obligación de colocar cartelería que advierta a los vecinos las zonas que están siendo monitoreadas aunque no así la ubicación de las cámaras. Esto fundamental, ya que los ciudadanos están habilitados a solicitar judicialmente el acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente considere que figura, acreditando los extremos alegados.
