El próximo 4 de agosto, el PJ intentará que la ley de responsabilidad fiscal sea aprobada en la sesión que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados. El proyecto que diseñó el gobierno nacional busca congelar el gasto primario con relación al Producto Bruto Interno (PBI) y es un reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aprobar la tercera revisión del acuerdo con la Argentina. Sería el paso previo a la “nueva” ley de Coparticipación ya que sitúa el eje en el gasto y no en la recaudación y limitaría el endeudamiento de las provincias.
En relación a lo que significa el apoyo de las provincias al proyecto de Ley, el legislador dijo que “es necesario consolidar la faz política del presidente Néstor Kirchner, imprescindible, porque tiene cuatro años por delante y la necesidad imperiosa del apoyo popular y de las provincias”.
Luego señaló que la Ley en cuestión “es necesaria” para que la Argentina pueda obtener “un rédito más importante en la negociación con el FMI y ver la posibilidad de un despegue”.
¿Qué significa “Responsabilidad Fiscal”?
El gasto público primario de la Nación y las provincias (corrientes y de capital menos intereses de la deuda) no podrá aumentar por encima del crecimiento del PBI proyectado por el Ejecutivo. Si el PBI no crece, el gasto primario podrá quedar constante.
Los servicios de la deuda (capital más intereses) de las provincias -aquí no se incluye a la Nación- no podrán superar el 15 por ciento de sus recursos corrientes, netos de las transferencias a los Municipios. La Nación está exenta debido a que está previsto en el programa financiero que surja después del canje de la deuda, que los servicios del endeudamiento nacional superen, en algunos ejercicios, el 15 por ciento de los ingresos
Las provincias que superen ese tope del 15 por ciento no podrán endeudarse, salvo que constituya un refinanciamiento en mejores condiciones de deuda existente o se trate de préstamos de los organismos financieros internacionales o de programas nacionales. Por esta disposición, los organismos multilaterales quedan como un prestamista “privilegiado”.
La oposición cuestiona el proyecto
Cabe recordar que este proyecto generó reacciones en su contra. En primer lugar, se formó un grupo multipartidario y sindical que rechaza las limitaciones al gasto público que impone la norma. Si bien el “fundador” del grupo es el diputado de la CTA Claudio Lozano, sus principales integrantes provienen de diferentes partidos: Marina Casesse y Daniel Basile (duhaldistas), Eduardo Macaluse (ARI), Margarita Stolbizer, Gracia Jaroslavsky y Noel Breard (UCR), Mario Cafiero (Soberanía Popular), Héctor Polino y Ariel Basteiro (Socialismo), Víctor De Gennaro (CTA), Pablo Micheli (ATE) y otros representantes de sindicatos de maestros, empleados judiciales y bancarios.
Este grupo resolvió pedir que se postergue la sesión del 4 de agosto, convocar una audiencia pública y lanzar una campaña nacional en contra de este proyecto de ley, como resaltó De Gennaro, al declarar que “nos vamos a movilizar con todas las formas posibles”.
Estos diputados advierten la explosión del conflicto social en todas las provincias, si esta ley finalmente se aprueba. Por otra parte, el Interbloque Federal, integrado por diputados provinciales, amenazó con retirarse de la sesión del 4 de agosto, debido principalmente a la sordera y la falta de respuestas del oficialismo frente a sus pedidos y observaciones.
