“Es bueno que hagamos reuniones pero acá hay velocidades distintas cuando se trata de pagar a los fondos buitre y cuando se necesita proteger a los trabajadores”, disparó ayer el diputado José Luis Gioja, flamante presidente del PJ. Durante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, el ex gobernador de San Juan pidió “un diálogo con el presidente Mauricio Macri para que no exista el veto a la ley”, en caso de que se aprobada en Diputados. Desde el bloque del FpV que comanda Héctor Recalde anticiparon que van a denunciar a Michetti “por violar sus obligaciones”. Los diputados afirmaron que la demora en el envío del expediente impide realizar la sesión especial que un grupo de diputados habían solicitado al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, “y así frenar una situación social insoportable como es la pérdida de empleos tanto en el sector público como en el privado”. “¿Sabe cuánto tiempo demoraron en mandar el expediente del endeudamiento por 15 mil millones de dólares? Quince minutos. Y estamos en el mismo edificio, ni tienen que cruzar la calle. Son chicanas antirrepublicanas. Es una vergüenza en términos institucionales”, afirmó Recalde.
El sindicalista Héctor Daer, integrante del Frente Renovador, también fue duro con el oficialismo ayer en el plenario de comisiones. “Las urgencias de los trabajadores no van en la misma sintonía con los tiempos que tenían quienes manejan políticamente estas cámaras”, afirmó. Desde el Bloque Justicialista, el diputado salteño Pablo Kosiner afirmó que quieren que el próximo miércoles se trate el proyecto de emergencia ocupacional sancionado en el Senado, “en conjunto con el tratamiento de beneficios para pymes”. Kosiner, presidente de la Comisión de Pyme, convocó en paralelo a representantes del sector en el marco del tratamiento de la ley antidespidos. Se recibirá a los presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas y Electromecánicas (CADIEEL), entre otros.
Fuentes sindicales anticiparon ayer que no asistirán a la convocatoria del oficialismo, dado que su posición ya había quedado clara tanto en los encuentros que mantuvieron con los legisladores en ambas cámaras así como en la multitudinaria movilización que realizaron el último viernes. Si bien a la marcha de la semana pasada no asistió el jefe de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, el dirigente gastronómico había expresado su apoyo al proyecto en el Congreso, del mismo modo en que lo hicieron Hugo Moyano (CGT Azopardo), Antonio Caló (CGT Alsina), Hugo Yasky (CTA de los trabajadores) y Pablo Micheli (CTA autónoma).
“Nuestro objetivo es sacar la mejor ley, ampliarla y mejorarla”, afirmaron desde Cambiemos. Ante la insistencia de los diputados sobre el giro de la media sanción, Laspina sostuvo que “no hay plazos establecidos” y que “no hay nada en el reglamento que permita insistir”. De todas maneras, el diputado macrista señaló que tienen la voluntad “de avanzar rápido en el Parlamento” y que por eso convocaron a las Pymes para el martes y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Según dijeron, pretenden sacar dictamen el jueves 12. “Tenemos la firme convicción de tratar con premura y profundidad e integralidad este proyecto”, agregó el presidente del bloque de PRO, Nicolás Massot, para quien desde Cambiemos están “construyendo otro Congreso diferente del pasado donde se escuchan todas las voces de la sociedad”.
Para la incorporación de modificaciones y el regreso del proyecto al Senado será clave la posición del massismo. El presidente Mauricio Macri había criticado al ex intendente de Tigre y le había reclamado que “no acompañe al kirchnerismo”. Ayer el diputado calificó sus dichos como “una chicana vulgar”. “No nos podemos quedar cruzados de brazos en la discusión si es una ley de fulano o mengano porque mientras tanto la gente espera que seamos responsables y resolvamos el problema”, retrucó el dirigente. Por lo pronto, anticipó que el massismo buscará realizar cambios “para tratar de mejorar” la ley antidespidos. El texto aprobado en el Senado establece la emergencia ocupacional por 180 días a partir de su sanción y prohíbe el despido sin causa durante ese lapso. En caso de ser cesanteado, el trabajador podrá optar por ser reincorporado por vía judicial o recibir el beneficio de la doble indemnización.
