El paquete de documentos consta de 125 páginas donde los técnicos del organismo multilateral ofrecen detalles hasta ahora desconocidos del acuerdo que habilitó el crédito stand-by por hasta 50.000 millones de dólares durante tres años. Entre los elementos identificados figura “la reducción del salario real de los trabajadores públicos” fijando un techo nominal para los incrementos del 8 por ciento hasta junio de 2019. “Reducir la nómina salarial ajustando el empleo público a través del recorte sostenido de empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la administración federal”, sostiene el informe interno elaborado por el staff del organismo multilateral que fue remitido un mes atrás a las autoridades del FMI. Con esa evaluación de las medidas propuestas por Argentina, los miembros del directorio aprobaron el préstamo extraordinario que solicitó el gobierno de Mauricio Macri para intentar frenar la crisis. La publicación del documento se postergó al punto que excedió los plazos previstos en la política de transparencia del Fondo.
El FMI ofrece dos escenarios. La visión optimista está acompañada por una recesión para los próximos meses que arrojará un magro crecimiento de 0,4 por ciento a fin de año. En el otro extremo los técnicos del Fondo evaluaron que si Argentina no recupera “la confianza del mercado” el PBI terminará 2018 con una contracción del 1,4 por ciento. El denominado escenario adverso contempla, entre otros elementos, una corrida bancaria donde se esfuma la totalidad de los depósitos en dólares. Como reconoció el gobierno al abandonar sus metas de inflación, los aumentos de precios oscilarán este año entre 27 y 32 por ciento.
“Persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda”, advierten los técnicos del organismo encabezado por la francesa Christine Lagarde. Entre los elementos que destaca el FMI figura “la gran participación de la deuda en moneda extranjera (lo que hace que la dinámica de la deuda de Argentina sea susceptible a un debilitamiento sostenido del tipo de cambio real) y las grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda”. El documento también enciende señales de alarma sobre el impacto del acuerdo stand-by sobre la liquidez del FMI. El paquete de documentos ofrece una adenda a la carta de intención enviada por Argentina donde las autoridades argentinas borraron la firma del desplazado presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, para reemplazarla por la de su sucesor, Luis Caputo.
Los lineamientos fiscales que guiarán la política económica hacia un ajuste de 500.000 millones de pesos a lo largo de los próximos tres años estarán acompañados por profundos cambios en el esquema de política monetaria y cambiaria que fueron reafirmados por el informe del organismo multilateral. “El Banco Central está comprometido a mantener un tipo de cambio flotante, con intervenciones limitadas a períodos donde exista una clara disfunción del mercado”, sostiene el documento que también remarca la reforma en la Carta Orgánica del BCRA.
A la hora de evaluar el cumplimiento de los criterios para acceder a un crédito extraordinario el FMI considera que el gobierno de Macri tiene “la capacidad política e institucional para llevar adelante el ajuste”. No obstante, los autores del informe advierten que “hay una preocupación vinculada a la habilidad del gobierno para construir el apoyo para las medidas que requieren sean aprobadas por el Congreso”.
Antes de listar las posibles medidas fiscales los técnicos del FMI sostienen que el ajuste “será apuntalado por medidas en marcha y un compromiso para implementar mayores avances en el contexto del presupuesto 2019”. Entre esas propuestas figura el limite a las reducción de las retenciones a la soja.
A diferencia del Memorando de Políticas Económicas y Financieras elaborado por el gobierno argentino, el Staff Report ofrece indicios sobre las modificaciones que pretenden desplegar las autoridades. “Demorar la implementación de la recientemente aprobada reforma fiscal a 2020 como mecanismo para preservar ingresos (la postergación de las reducciones en los aportes patronales y la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias a las transacciones financieras)”, expresa el documento. Las medidas contemplan “racionalizar el gasto en bienes y servicios, con un recorte del 15 por ciento en términos reales en 2018 y continuando en 2019” y “reducir los gastos de capital 0,6 puntos porcentuales del PBI para 2019 con la expectativa de que los proyectos de PPP protejan el nivel global de desembolsos en infraestructura pública”.
