Busti señaló que en el proyecto se establece que los funcionarios judiciales alcanzados por el procedimiento de remoción por decisión del Jurado de Enjuiciamiento comprende a todos los magistrados y funcionarios judiciales el que se refieren los artículos 194° y 201° de la Constitución Provincial.
El Jurado también alcanza al Fiscal de Estado, el Contador General y el Tesorero General de la Provincia, los miembros del Tribunal de Cuentas, el Director General de Escuelas, los vocales del Consejo General de Educación y los miembros del Consejo Provincial del Menor.
El titular de la cámara baja, indicó además que los funcionarios comprendidos en este artículo podrán ser imputados por los cargos enumerados en el artículo 15° y los cuales se refieren a: “comisión de delitos dolosos; falta de idoneidad para el cargo o ignorancia inexcusable del derecho; morosidad reiterada en el ejercicio de sus funciones; falta de vigilancia del movimiento general y organización de las secretarías o dependencias que se traduzcan en demoras injustificadas y desorden en la tramitación de los juicios y las causas”.
También pueden ser acusados de: “inobservancia reiterada de las disposiciones y reglamentos dictados por autoridad competente; conducta incompatible con las funciones a su cargo; Inhabilidad legal; Incapacidad física o mental sobreviniente que evidencie falta de idoneidad para el cargo; o mal desempeño de sus funciones”.
El proyecto en cuestión, que tomara estado parlamentario en diciembre de 2008 y que fuera presentado por el bloque justicialista, consta en su cuerpo con más de 40 artículos dedicados a desglosar el detalle de la funcionalidad, composición, facultades y obligaciones del tribunal. Le otorga carácter vinculante a la sociedad civil al brindarle el rol de decisor en la elección de parte de los miembros del tribunal. El debate se desarrollará en las comisiones de Asuntos constitucionales y de Legislación General.
El proyecto se constituye “en una modificación de avanzada sobre la nueva constitución porque establece mayor participación popular, ya que serán miembros del Jurado de Enjuiciamiento, tres miembros del Superior Tribunal de Justicia, dos legisladores y cuatro abogados, siendo que dos de estos cuatro son designados por organizaciones sociales, profesionales y/o sindicales con personería jurídica y/o gremial”, señaló Busti.
La duración de los miembros del jurado en su labor es de dos años: desde el 1° de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del segundo año. El Superior Tribunal, las Cámaras Legislativas y el Colegio de Abogados designarán, antes del 30 de octubre del año anterior a su renovación, los miembros titulares y suplentes que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento del período siguiente.
Luego, el titular de la cámara baja entrerriana aseguró que “La norma posee una cuestión a resaltar y es en su artículo 44°, a través del cual la ley prevé una instancia recursiva frente a la decisión de destitución de un funcionario por parte del Jurado de Enjuiciamiento, dicha instancia recursiva se constituye como un recurso de apelación extraordinaria del Superior Tribunal de Justicia por causales taxativas como lo son la violación de las garantías del debido proceso, violación del derecho de defensa o por arbitrariedad de la sentencia”.
Finalmente, Busti aseveró que “el contenido del apartado posee su base jurisprudencial en el Caso Brusa, en el cual la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que cuando se destituye un magistrado por aplicación de las reglas del debido proceso se le debe otorgar una instancia recursiva frente a un tribunal de justicia que en el caso de la Corte Suprema representa el máximo tribunal y en el caso del Jurado de Enjuiciamiento que existe en cada provincia representa simultáneamente el Superior Tribunal de Justicia de cada provincia”, concluyó.
