La niña de 7 años – no se publica el nombre por razones jurídicas – padece una discapacidad congénita y permanente definida como “Epilepsia parcial compleja, sintomática, lesión quistica, parieto occipital, riñón único y continúa con un retraso psicomotor y convulsiones frecuentes”, conforme a lo acreditado con la historia clínica expedida por su pediatra de cabecera Gustavo Damonte y ratificada con anterioridad por el Ministerio de Salud de la Nación por el Certificado Nacional de Discapacidad el 3 de marzo de 2002 con un diagnostico F 70.9 como “retraso mental leve”, según lo afirma el sitio “Informe Digital”.
Ante una crisis de la niña en el mes de diciembre pasado “donde el organismo ha dejado de responder a diversos esquemas terapéuticos y se tornó indispensable una intervención quirúrgica neurológica” (Informe del médico) el padre de la niña pidió – como afiliado del Iosper junto a su hija – la autorización correspondiente para intervención prescripta en el Hospital Fleni de Capital Federal.
Pero la sorpresa fue grande cuando desde la Obra Social se respondió a través de la gerencia Prestacional que “dar cobertura del 100% de lo presupuestado con un 30% de coseguro a cargo del afiliado”, o sea, debía hacerse cargo de parte de la costosa operación que además había sido considerada como de “carácter urgente”.
La desesperación del padre llevó a presentar el caso a la justicia y por la vía de un amparo ante el juzgado correccional Nº 1 del Dr. Pablo Andrés Virgala.
Pero en la audiencia de Conciliación que pidió el IOSPER ante el magistrado se destacaron dos notas salientes: Por un lado, la obra Social, lejos de reconocer pagar la intervención quirúrgica ofreció a través de su apoderada, Dra. Marta Vidoz, en lugar de descontar ese 30% de la intervención en pagos “del 20% pasaría a ser de un 10% de descuento” del sueldo del padre de la discapacitada. Una especie de “ampliación de crédito” pero que pague igualmente.
Por otro lado – y la más grave por su vinculación con las decisiones del gobierno provincial – es la justificación legal que da el Iosper ante la justicia, para insistir en el cobro a la discapacitada. Bajo el título “Inaplicabilidad de la Ley Nacional de Discapacidad Nº 24.901” sumó su opinión la Dra. Analía Coria y sostiene que “las disposiciones de la ley mencionada no son aplicables a las obras sociales provinciales y por ende al Iosper”. La ley 24.901 obliga a brindar cobertura “total” a los discapacitados. Pero la letrada consideró que “el Iosper se rige por el decreto ley Nº 5326/73 ratificado por ley 5480 y no se encuentra comprendido dentro de la dentro de las disposiciones” porque “la provincia de Entre Ríos no posee una normativa de similares características a la de la Ley Nacional de Discapacidad 24.901”.
De esta manera el Iosper puso en tela de juicio y revive la polémica que oportunamente se suscitó entre el Gobernador, la Directora Provincial de Discapacidad y sectores de la oposición, que cuestionaron precisamente la “no adhesión provincial” a la mencionada norma nacional.
Duro fallo
En el fallo al que accedió INFORME DIGITAL, el Juez Virgala critica duramente: “cabe preguntarnos si todo este peregrinar de (la niña), no es en definitiva consecuencia de circunstancias a las que resulta totalmente ajena, como ciertamente lo constituye la falta de adhesión a la normativa nacional -Ley Nº 24.901- por parte de nuestra provincia; situación que en definitiva provoca una grave e intolerable desigualdad, en desmedro de los derechos de aquellos discapacitados afiliados -en forma compulsiva- a la obra social provincial”.
Mas adelante, el magistrado indica: “Cabe preguntarnos si sucede lo mismo con aquellas personas en situación de discapacidad, afiliadas a institutos que funcionan en la orbita nacional, o en aquellas provincias adheridas al sistema; resulta ciertamente intolerable observar como una afiliada a la obra social de la provincia aparece -por cuestiones ya referidas concernientes a la adhesión -innecesaria a mi juicio- de la provincia a leyes nacionales- con una hiriente capito diminutio (que se le suma a la que ya lamentablemente padece) cuando sus derechos son cercenados o inobservados, ahora, por obra de quienes tienen la obligación de garantizarlos. No puede ser que a las impiadosas e inescrutables leyes naturales le sumemos -todavía- un plus legal en desmedro de quien las padece”.
Finalmente el magistrado condena a la Obra Social “a brindar a la menor ( …) la cobertura médica, prestacional, terapéutica, de rehabilitación, en materia de medicamentos u otros insumos, que su especial situación de discapacidad demande, siempre de acuerdo al criterio médico especializado, en forma ¡integra y gratuita. Abarcando dicha condena la cobertura dineraria in totum de la operación quirúrgica practicada en fecha 12/02/07 a la menor en el Instituto Fleni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo abstenerse la entidad accionada de practicar descuento alguno, ya sea en materia de coseguro u otro concepto, sobre la remuneración que percibe el actor” (El padre de la niña) finaliza el fallo.
