“El juez está en condiciones de dictar una resolución y cumplir con la disposición de la CIDH que el estado está incumpliendo desde el viernes pasado”, explicó desde la puerta del juzgado Marcos Aldazabal, integrante del equipo de abogados de Sala.
Mercau tiene que analizar el informe de Gendarmería sobre las condiciones de seguridad de la casa que Milagro Sala posee en el barrio de Cuayaya, en la capital jujeña, para cumplir allí la prisión domiciliaria, y luego informar al Servicio Penitenciario provincial para que disponga el traslado y finalmente la diputada del Parlasur, abandone la prisión. “Ahí finaliza la intervención del juez. Después el Estado nacional le comunica a la Comisión Interamericana que cumplió con la medida”, detalló el letrado en declaraciones radiales en el Submarino Radio.
“Es cuanto menos extraña la dilación”, dijo Aldazabal respecto del incumplimiento del fallo de CIDH. Y recordó que “hubo muchas versiones sobre el cumplimiento y su salida inmediatamente después de conocido el fallo, pero a medida que se acercaba la fecha a la de las elecciones se corrió la versión de que (el gobernador Gerardo) Morales no quería que quede liberada antes de las PASO y eso fue finalmente lo que ocurrió”.
El 27 de julio pasado la CIDH admitió la resolución N°23 con que otorgó la medida cautelar solicitada por el CELS, Amnistía y Andhes en favor de Milagro Sala y pidió al Estado Nacional que la libere (cumpliendo con el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU) o que la prisión preventiva continúe en domiciliaria. A partir de ese fallo, otorgó quince días que concluyeron el viernes pasado, por lo que el Gobierno está incumpliendo con esa resolución.
La semana pasada, al filo del vencimiento los dos jueces que mantienen con preventiva a Sala avanzaron con medidas vinculadas al otorgamiento de la domiciliaria. Mercau realizó una inspección ocular en la casa de la Parlamentaria del Mercosur en el barrio Cuyaya de San Salvador, mientras que el juez Pablo Pullen Llermanos pidió a los defensores de la dirigente social que informen un domicilio para cumplir con lo requerido por el organismo internacional.
Mercau también pidió a la Gendarmería que inspeccione la vivienda de Sala en la capital jujeña en la que vivía hasta el momento de ser detenida por el ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer, y donde reside su marido, Raul Noro.
“La cautelar tiene tres particularidades: la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad del daño. De modo que el cumplimiento de la misma debe ser inmediato”, había advertido el abogado Luis Paz, del equipo de defensores de Milagro Sala. Y subayó que “el Estado provincial no está en condiciones de garantizar la seguridad de Milagro Sala en la cárcel. Esta semana asesinaron en el Penal de Gorriti a otro interno. Es la segunda muerte dentro de un penal a cargo de la provincia en menos de un año”.
Milagro Sala lleva casi 600 días detenida en la Unidad penal N°3 de Mujeres de Alto Comedero. La CIDH concedió una medida cautelar en la que destacó el rol político de la detenida y ordenó Gobierno Nacional a que la saque de la prisión para salvaguardar su seguridad. La salida de prisión de la referente de la Tupac Amaru significaría un golpe político para el gobernador Morales que dispuso su campaña política en la criminalización y persecución de Sala y las organizaciones sociales.
