Se realizó este jueves una inspección judicial al bar de calle Urquiza al 1200, en Paraná, en busca de evidencias por la muerte de Ramón Héctor “Pichón” Sánchez, quien fuera el primer desaparecido en Entre Ríos. Es que, según consta en la investigación, el militante peronista estuvo detenido, en 1975, en ese lugar donde antiguamente funcionó la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.
La medida tuvo como objetivo el reconocimiento (o no) del lugar por parte de testigos y, teniendo en cuenta que el nombre de Sánchez habría estado grabado en una de las paredes (habría dejado esa marca al momento de estar privado de su libertad) se convocaron peritos para extraer ese pedazo de pared como evidencia de que estuvo en ese lugar.
“En 1975, Pichón Sánchez, que era un muchacho de la Juventud Peronista, un trabajador de barrio La Pasarela, fue privado de su libertad por personal de la Policía de Entre Ríos y posteriormente desaparecido”, comunicó el abogado defensor de los Derechos Humanos, José Iparraguirre.
“Se investiga la materialidad y la autoría para determinar quiénes fueron los funcionarios policiales que en el 75 intervinieron en detención, tortura y posterior desaparición”, indicó.
Y agregó: “Hay una denuncia que realizó el coordinador del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, al tomar contacto con familiares de Pichón Sánchez; es una causa que data de mucho tiempo y ahora se empiezan a acelerar las medidas probatorias”.
En la oportunidad, Iparraguirre reconoció que “el paso del tiempo pesa muchísimo, pero ya tenemos una vasta experiencia en todo el país respecto a que en las causas de lesa humanidad hemos logrado sentencias de condena en juicios justos”.
Sobre la inspección judicial
“Se realiza una inspección en este lugar donde hace mucho tiempo funcionó la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos y donde habría permanecido detenido de forma ilegal un ciudadano de Paraná, el que posteriormente apareció sin vida en el río. Y si bien, una primera autopsia indicó que había fallecido ahogado, en una autopsia posterior se descubrió que fue asesinado, que había sido muerto producto de torturas y vejámenes”, explicó a Elonce el fiscal federal Leandro Ardoy.
“Es una investigación incipiente que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal en la Unidad de Derechos Humanos y estamos recabando la mayor cantidad de pruebas posibles para esclarecer qué pasó e identificar a los responsables”, indicó el responsable de la causa.
En la oportunidad, Ardoy reconoció que, “lógicamente, con el paso del tiempo se pierde información, documentos y datos que pudieran haber estado en su momento y eso hace mucho más difícil la reconstrucción sobre qué sucedió”.
De igual manera, el fiscal destacó que “aun así, creemos que puede haber elementos y, por eso, concretamente, estamos acá”.
“Es una medida trascendente”
“Esta es una medida trascendente atento a que entendemos que hay elementos de prueba importantes que pueden acreditar que Pichón Sánchez estuvo privado de su libertad en este lugar”, remarcó Iparraguirre.
El abogado de DDHH, comentó que fue convocado “para acompañar a las testigos víctimas, las hermanas de Pichón Sánchez que ya declararon ante el Ministerio Público Fiscal Federal hace una semana”. Según indicó, “Ramona, una de sus hermanas de Pichón Sánchez, había estado detenida en el mismo lugar”.
Punto aparte, destacó la predisposición del propietario del inmueble para llevar a cabo la inspección judicial. “Si bien se había citado a un cerrajero y Fiscalía tenía la facultad para, de ser necesario, abrir la puerta por la fuerza, el dueño del boliche Tierra Bomba siempre estuvo a disposición para cualquier inspección en el lugar y por eso acudió inmediatamente cuando tomó conocimiento de la medida”, comentó al respecto.
