Seguramente, una de las evidencias más patéticas de nuestra realidad cotidiana es la distancia que, entre nosotros, establecemos entre las palabras y los hechos. Es una condición tan nuestra como el árbol de naranjas, que se corrobora con una asiduidad mucho mayor de lo que desearíamos en casi todos los aspectos de la vida cotidiana.
Un ejemplo que lo ilustra, es el gobernador Jorge Pedro Busti, cuándo sale a afirmar que
“nunca hubo tanta independencia judicial como en estos tres años en la provincia”.
Sería un buen ejercicio en estos últimos días del año que son de balances, procurar ver más allá de las palabras del gobernador, corrernos las anteojeras y tropezarnos con los hechos.
El gobernador blasona que apenas asumió su tercer mandato, para garantizar la independencia del Poder Judicial, efectuó reformas en el máximo Tribunal Judicial.
La alteración de la competencia del Superior Tribunal fue para centralizar en la Sala Penal la totalidad de los reclamos por acciones de amparos y de inconstitucionalidad, que Sergio Montiel había ubicado en el pleno del máximo cuerpo. Concretamente, todos los reclamos contra el Estado o mejor dicho contra lo resuelto por el Ejecutivo, que ante lo resolvía la totalidad de los miembros del máximo tribunal, con Busti paso a ser decidido por los señores jueces de la Sala Penal, es decir su garantía, sus “amigos” y “soldados”.
Modificó la estructura del Ministerio Público Fiscal, significando que toda investigación penal queda bajo la órbita de Héctor Daniel Morales, que se había retirado con la renta vitalicia que Montiel pergeño para lograr su propia mayoría y que volvió de la mano de Busti para hacerse de un cargo, que en verdad le habría correspondido a la natural titular del organismo, que había quedado en su lugar, funcionaria de carrera, que merced a la modificación quedó para atender cuestiones civiles y menores.
Creó el Consejo de la Magistratura, órgano que puso bajo el absoluto control de José Carlos Halle, hoy candidato a intendente en la ciudad de Paraná por el bustismo, esposo de la diputada nacional del PJ, Rosario Romero, otrora abogada personal del gobernador.
Es decir la tan sonada “auto limitación” de facultades constitucionales tuvo su primer límite político contrario.
Un dato curioso, José Halle cuándo el Consejo de la Magistratura sesionó en nuestra ciudad, sólo estuvo presente cuando concursaron cargos para la Sala Penal local, no estuvo en las audiencias de jueces civiles. ¿Era imprescindible controlar quiénes iban a ser los titulares de la justicia penal?
El gobernador Busti cuándo creó el Consejo de la Magistratura no siguió sus propios pasos y exceptúo de este organismo, entre otros, la designación de Vocales del superior Tribunal.
Por cierto el 13 de agosto de 1998, en su segundo mandato, Busti había dictado el decreto 3053 creando el Consejo de la Magistratura con competencia exclusiva y excluyente para proponer ternas vinculantes aún para los Vocales del Superior Tribunal. El por qué ahora modificó el criterio no se sabe. Puede sospecharse, si, el se estaba yendo y quería arruinarle el pastel al sucesor.
Esa increíble falta de “auto limitación” o quizás de “memoria”, le ha permitido al señor gobernador nombrar a dos mujeres Jueces de Instrucción en la Sala Civil y Laboral, respectivamente del Superior Tribunal, es decir hacer ocupar el máximo cargo a un magistrado que se encontraba en el primer escalón y como si ello fuera poco, en materia legal absolutamente distinta de la que se encontraban actuando.
Cabe preguntarse qué es lo que esas magistrados habrán investigado o quizás dejado de investigar en sus antiguos juzgados de instrucción de la ciudad de Paraná.
Como si eso fuera poco nombra a Emilio Castrillón como Vocal de la Sala Civil del Superior Tribunal, cuándo éste no sólo era diputado provincial sino, era presidente de la bancada oficialista de la Cámara Baja. El “autolimitado” Busti se queda con 7 “soldados y amigos”, de los 9 que existen en el STJ.
Pulveriza la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), la disuelve y toda la documentación le es entregada al entonces Fiscal de Estado, Jorge Romero.
El absurdo de esto es que éste abogado fue socio de Busti y además abogado en las cusas que le había promovido la FIA. Es decir que utilizando los poderes del Estado, le hizo entregar la totalidad de la documentación acusatoria en su contra y de varios importantes miembros de su gabinete, por ejemplo Urribarri, al profesional que lo defendía.
Obvio que de estas causa penales nunca más se habló. Es más, cuándo Romero renunció a ser Fiscal de Estado, el señor gobernador nombró a Claudia Mizawak, también abogada personal de él.
Ante la derogación de la FIA, crea la Oficina Anticorrupción, pero la coloca orgánicamente por debajo de los Ministerios y con escasas facultades de hacer auditorías. Ahora, todos los controles y auditorias siempre se hacen a requerimientos del Ejecutivo. Es decir fabrica una pantalla para parecer que controla la corrupción.
El informe de la Universidad Nacional del Litoral es claro cuando afirma que no existe transparencia en la gestión de Busti. Cabe preguntarse que función cumple la Oficina Anticorrupción.
El diario La Nación en su edición del 24 de diciembre, indicó (aunque con información secundaria incorrecta) que la provincia de Entre Ríos era una más de las que componen la triste lista de Cortes judiciales rehenes del poder político y la concreta afirmación de que “una de esas Salas está integrada por tres jueces de cierta identificación justicialista”. Resulta sorprendente y preocupante que el Superior Tribunal no diga absolutamente nada al respecto a estas aseveraciones y si en cambio haya salido a responder solo el error informativo formal del diario.
Esto de “identificación justicialista” de los tres vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia inexorablemente nos lleva a recordar al paradigmático Héctor Toloy, hoy jubilado juez de instrucción bustista y autor de la famosa frase “la visión justicialista de la ley penal”, quién tuvo a su cargo la investigación de sonados casos en dónde se encontraban involucrados importantes funcionarios y legisladores oficialistas por causas de corrupción y todos quedaron impunes.
Desfigurar la realidad es, siempre, mentir. Disfrazar el pasado o distorsionarlo también lo es. Aristóteles diferenciaba a la mentira en dos géneros básicos: la de la jactancia, que consiste en exagerar la verdad, y la ironía que radica en disimularla. Entre ambas especies cunde todo un mar de palabras y conceptos utilizadas por el gobernante que no tienen vínculos algunos con los hechos que escogen.
