La presentación la había hecho el jueves pasado el fiscal de Estado de la Provincia, Diego Martínez Zapata, quien argumentó la "inconstitucionalidad de las dos resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación" que resolvieron los aumentos.
La medida judicial exigía además la suspensión de "cualquier medida de aviso de corte para poder garantizar el suministro y en el caso de los que ya hayan abonado la nueva tarifa que se establezca una compensación a favor con futuras liquidaciones por parte del Enargas", precisó Martínez Zapata.
Además de denunciar la arbitrariedad de los aumentos por el incumplimiento de la normativa que obliga a realizar audiencias públicas, el gobierno provincial sostuvo que los aumentos produjo un "alto impacto en el bolsillo de todo usuario de este esencial servicio", "un incremento de 300 y 500 por ciento en establecimientos escolares y hospitales" y de "un 2.000 por ciento" en el caso de la zona cordillerana.
Una medida judicial similar tuvo lugar en la Justicia de Santa Cruz, mientras que el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, también presentó una cautelar frente a los aumentos desmedidos en el servicio.
Esta tarde, los gobernadores de las provincias patagónicas se reunirán con los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Energía, Juan José Aranguren, para buscar una solución a la crisis generada en la región por las nuevas tarifas de gas. El viernes pasado, el Gobierno nacional anticipó una primera medida, exclusiva para los usuarios no residenciales, que permitirá financiar los aumentos, pero sin marcha atrás.
