El juez entendió que Zaccaría se encuentra estabilizado, tiene un deterioro cognitivo leve a moderado, demencia leve, diabetes controlada no insulinodependiente e hipertensión arterial controlada. No padece una enfermedad terminal y tampoco llega a la edad de 70 años, requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de otorgarle el beneficio reclamado, difunde diario Uno.
Lanfranqui y Franchi habían pedido la domiciliaria expresando que su defendido “es un hombre de edad, con formación universitaria especializada, que tiene una inserción relevante en la comunidad paranaense y que ha mantenido una trayectoria humana y profesional arraigada al ámbito de la ciudad”.
Zaccaría era jefe del servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná durante 1978. En marzo de ese año, en la unidad a su cargo, médicos y enfermeras encontraron una mañana a dos bebés mellizos recién nacidos en delicado estado de salud, que luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría. Hoy está confirmado que se trataba de los hijos de la detenida-desaparecida Raquel Negro, nacidos en cautiverio y robados por los integrantes del destacamento de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército, con sede en Rosario. Uno de ellos recuperó su verdadera identidad a fines de 2008 y el destino del otro continúa sin aclararse.
Zaccaría está procesado con prisión preventiva desde setiembre de 2008. A poco de estar detenido, protagonizó un incidente en la cárcel en el cual se habría intentado suicidar. Luego su salud habría desmejorado –a pesar de que hasta poco antes seguía trabajando como médico– y desde en junio de 2009 está internado en el hospital San Martín.
En principio su internación se debió a que tenía “desvanecimientos con pérdidas de control de esfínter-urinario por sus antecedentes de diabates”, dice la resolución a la que tuvo acceso UNO. Luego los médicos de la Justicia Federal le diagnosticaron “vaculopatía obstructiva cerebral y hemorragias en tronco cerebral, situación que adicionada al parte médico neurológico, permite arribar a un diagnóstico presuntivo de demencia senil o enfermedad de Alzheimer”.
Los meses siguientes, el médico represor fue sometido a complejos estudios neuropsiciológicos por parte del médico de la Cámara Federal, Armando González, y la Junta Médica del Hospital Roballos, que determinaron un deterioro de su capacidad cognitiva; aunque la perito de parte, Adriana Beade, consideró que tal deterioro es mínimo.
El 26 de marzo último los médicos participaron de una audiencia testimonial. En esa oportunidad, el neurólogo Luis Contardo, de la Junta Médica del Roballos, explicó que el deterioro cognitivo “tiene un impacto leve a moderado en las actividades de la vida diaria”. Beades insistió en que se trata de un deterioro mínimo y contó que el propio imputado dijo en una entrevista que seguía anestesiando hasta poco antes de ser detenido, lo que a su criterio muestra que gran parte de sus problemas en de memoria y ubicación se deben a su “condición emocional de estar preso”. Además hubo coincidencia en que no se trata de un estado terminal.
Finalmente, Zonis consideró que “se ha superado el periodo de internación hospitalaria” y que en la cárcel “están cubiertas las expectativas sanitarias y de urgencias por derivaciones que pudiera requerir Zaccaría”.
Por lo tanto, dispuso denegar la prisión domiciliaria y que el procesado sea restituido a la cárcel garantizando el tratamiento de sus enfermedades dentro de unidad penitenciaria.
Detener la impunidad
Desde la agrupación Hijos Paraná destacaron la decisión de juez: “Se confirma que este tipo tiene que estar preso y no como ha venido pasando desde junio de 2009, que un médico que sirvió a la sustracción de identidad de los menores y la muerte de Raquel Negro, esté dentro del hospital San Martín rodeado de sus colegas; en lugar de estar dentro de la Unidad Penal, como cualquier preso”, explicó Clarisa Sobko.
La integrante de Hijos manifestó que Zaccaría “se hacía pasar por enfermo”, ya que “como médico tiene las herramientas como para poder automedicarse o simular enfermedades, que a consideración nuestra es lo que estaba haciendo”.
Para Hijos, más avances como estos en la Justicia son fundamentales para evitar ataques contra querellantes y testigos, como los que sufrió en Concepción del Uruguay la abogada María Caccioppoli, representante de víctimas de la dictadura. “Consideramos que cuando la Justicia avanza, como en este caso, se dan pasos en contra de la impunidad. Se ha avanzado muchísimo, pero no en lo que se debería avanzar. Por eso nuestra constante exigencia para que se aceleren más los juicios. No sólo es responsabilidad de la Justicia que no sucedan actos delictivos como el que le sucedió a la doctora Caccioppoli, sino de que nuestros gobiernos adopten una política clara en derechos humanos”, sostuvo.
“ Marita Caccioppoli está sola, ha asumido esta responsabilidad histórica por mucho compromiso y voluntad propia. Necesitamos que nuestro gobierno de Entre Ríos dé una mano fuerte en ese sentido, que se exprese y que se haga escuchar. Únicamente demostrando la fuerza que tenemos podemos frenar estos cachetazos. Exigimos al gobierno que de alguna forma haga notar su respaldo. Una de las formas es que Caccioppoli no tiene que estar sola. Por lo menos, las voces se tienen que escuchar”, finalizó.
