La Justicia viene demorando la citación al cura Justo José Ilarraz, principal involucrado en la causa penal que investiga los abusos contra estudiantes en el Seminario Arquidiocesano de Paraná que ocurrieron entre 1985 y 1992.
La medida ha sido pedida, y reiterada, por los abogados querellantes, y por el fiscal de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull, pero aunque el anterior juez de la causa, Alejandro Grippo, dio cabida al planteo, no le puso fecha. Ese punto no ha sido resuelto por la actual magistrada a cargo de la investigación, Susana María Paola Firpo, que se ha centrado en dos asuntos: pedir la traducción de una pericia psiquiátrica que le practicaron en Roma al sacerdote, y mandar a investigar quiénes filtran información de la causa a los medios.
La última petición fue formulada el 22 de diciembre por uno de los querellantes, Milton Urrutia, representante de cuatro de las siete víctimas que han testimoniado en la causa “Ilarraz Justo Jose s/Promoción a la corrupción agravada”. Ilarraz, que fue prefecto de disciplina en el Seminario cuando el ahora cardenal Estanislao Karlic fue cardenal, cumplió la función también de director espiritual de varias de las víctimas a las cuales luego abusó, según el voluminoso expediente que comenzó a armarse en septiembre de 2012.
Urrutia recordó a EL DIARIO que no sólo pidió que la jueza fije día y hora de la declaración indagatoria del cura Ilarraz, sino también que se lleven adelante las pericias psiquiátricas y psicológicas, tarea que, solicitó, deberá a estar a cargo del gabinete del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esas dos medidas ya fueron resueltas en forma positiva por el anterior juez de la causa, el ahora camarista Alejandro Grippo, recordó Urrutia: resta, sin embargo, que la jueza Firpo fije la fecha. Aunque la única decisión que adoptó la magistrada fue mandar a traducir una pericia psiquiátrica que se le realizó a Ilarraz en Roma, tarea que aún no está concluida.
El trabajo de traducción fue autorizado el 19 de diciembre, y quedó a cargo de Laura Moro de Rigoni.
Esa pericia en italiano fue hecha en 1996 y estuvo a cargo del médico Francesco Raimondo y concluyó que al sacerdote, a pesar de los cargos en su contra, había que dejarlo proseguir con el ejercicio de su ministerio. El informe dice que la continuación del ministerio sacerdotal, según la convicción del perito, “es posible e incluso deseable”. La evaluación psicológica y psiquiátrica a Ilarraz fue realizada a pedido del Vicariato de Roma, y está fechada el 27 de noviembre de 1996.
¿Y el cura?. Una alta fuente del Poder Judicial reprochó la “dilación”, dijo, de la jueza Firpo, que no atiende los pedidos de citación a indagatoria del cura Ilarraz, y al plantear una hipótesis respecto del comportamiento de la magistrada, dijo esta frase: “Me parece que está buscando excusarse, sacarse de encima la causa. Le pesa mucho su formación religiosa, y no quiere saber nada con este caso”, sostuvo.
Uno de los abogados querellantes, que tuvo un altercado con la magistrada en los últimos días, oyó de su boca esta frase: “Recusame si querés. Si tenés algo personal conmigo, recusame”. En la Procuración, en tanto, reprochan la decisión de la jueza de pretender imponer un cerco informativo en torno de la causa Ilarraz. “Es un disparate esto que quiere hacer, prohibir que las partes den información a los medios. Si quiere imponer secreto de sumario, esa medida tiene un plazo, no es para siempre”, dijo.
Mientras eso ocurre, Ilarraz sigue lejos de Paraná, sin mostrarse en público desde que se desató el escándalo hacia el interior de la Iglesia, en septiembre de 2012.
Desde entonces está suspendido en el ministerio sacerdotal y es un misterio su futuro. Se mudó a Tucumán, expulsado de Paraná, luego de que la Iglesia investigara las denuncias de abuso en su contra. Sus víctimas eran adolescentes que cursaban la escuela secundaria en el internado del Seminario de Paraná.
En 1996, Karlic firmó un decreto por el cual lo envió al destierro a Ilarraz después de que concluyera la investigación interna que estuvo a cargo del cura Silvio Fariña. En esa disposición, se aclara que “la desobediencia” a esa orden, la de no acercarse a la diócesis de Paraná, “será sancionada con pena que no excluye la suspensión”. Así Ilarraz, vuelto de Roma a finales de la década de 1990, luego de concluir sus estudios en la Pontificia Universidad Urbaniana, autorizado por Karlic, se mudó a Buenos Aires, dejó el sacerdocio, vivió como laico, y después volvió a calzar sotana. Un obispo, Enrique Witte, de Concepción, Tucumán, le permitió volver a la Iglesia, sin siquiera atender la investigación hecha en su contra por casos de abuso. Y el 21 de mayo de 2004 el exarzobispo de Paraná Mario Maulión firmó el decreto Nº 78 por el que le otorgó la excardinación, y la posibilidad de que se mudara efectivamente a Tucumán.
Sin novedad. Todavía no se llega al hueso de la investigación judicial. La Justicia ha dicho, en sucesivos pronunciamientos, que la causa Ilarraz no está prescripta. Lo dijo el primer juez que investigó a Ilarraz, Alejandro Grippo, el 29 de julio de 2013, decisión que fue apelada ante la Sala Primera de la Cámara del Crimen, que revocó el fallo del magistrado. Pero el dictamen final se conoció en noviembre último, cuando la novísima Cámara de Casación Penal reiteró el rechazo al planteo de prescripción, y ordenó seguir con la investigación penal.
La marcha de la causa quedó ahora en manos de la jueza Firpo, aunque su manejo del expediente no genera adhesiones unánimes.
El paso próximo que todos aguardan es la citación de Ilarraz, que es de momento una gran incógnita.
Una fuente de la Justicia que habló con EL DIARIO mostró su malestar con la jueza. “No entiendo por qué le molesta tanto que se conozcan detalles de la investigación. Estamos frente a una gravísima violación de los derechos humanos, pero ya no hay menores involucrados, por lo cual la información debe ser pública. A las únicas personas que hay que proteger en esta causa es a las víctimas, y las víctimas han sido las principales impulsoras de la causa, y quienes han mantenido el interés del público en este caso”, planteó.
Además, reclamó un cambio de rumbo en la investigación, con una demanda imperiosa: “Lo que tiene que hacer la jueza es llamar a indagatoria a Ilarraz, y no dar más vueltas. Lo otro, cómo consigue el periodismo su información es propio de la libertad de expresión. Ahí la jueza no tiene nada que hacer. No hay ninguna razón de interés público que impida conocer detalles de la causa, menos respecto de lo que declaró un testigo privilegiado, como es Karlic”, afirmó.
Preocupación entre las víctimas
Cuatro de las siete víctimas que acudieron a la Justicia para que se investigue a fondo los abusos de menores que se le atribuyen al cura Justo José Ilarraz mantuvieron anoche una reunión en la que mostraron su preocupación por la falta de avances en la causa judicial.
La preocupación se centra en la “demora” en la concreción de un paso clave en la investigación que ahora está en manos de la jueza Susana María Paola Firpo: la citación a declaración indagatoria del cura Justo José Ilarraz, cuyo último domicilio fue en la localidad de Monteros, en Tucumán.
La reunión llevada adelante anoche tuvo lugar en San Benito, y de ella participaron algunos sacerdotes, según trascendió. Uno de los religiosos, que más ha impulsado el avance de la causa, es el párroco de San Benito, Leonardo Tovar, quien ha dicho que resulta “una cuestión fundamental que Ilarraz venga a declarar”, planteó.
“Estamos todos muy ansiosos porque desde 2012 que inició todo esto: hay siete víctimas, hay muchos testimonios, declararon los obispos. Queremos que se rubrique la verdad y se le dé consuelo a las víctimas”, ha dicho Tovar.
