El proceso que se lleva adelante es a partir del protocolo firmado el 8 de agosto de 2018 por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) Emilio Castrillón con la ANMaC, y tiene como antecedente el convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmado en 2015 por parte de la entonces presidenta del STJER, Claudia Mizawak.
El acuerdo, rubricado por Castrillón, estableció los procedimientos, pasos y plazos que confluyeron en el perfeccionamiento de la entrega de los elementos calificados como "materiales controlados" y sujetos a destrucción.
De esta manera, el STJER aprobó el procedimiento de entrega, retiro y traslado de armas para ser destruidas por la ANMaC.
Desde 2018 el organismo nacional retiró del Poder Judicial de la provincia un total de 8.249 armas. Al momento, en sede de Tribunales de Paraná en el Área de Efectos Secuestrados quedan 300 armas que corresponden a causas en trámite.
La ANMaC tiene como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por dicha ley de creación.
Entre sus funciones está la de efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente, en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216 y 27.192.
