La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó que, a la fecha, suman 452 los condenados y 279 los detenidos por delitos tributarios, aduaneros y previsionales tras los operativos, denuncias y controles desarrollados por el fisco, desde el inicio de la gestión presidencial de Néstor Kirchner en 2003 hasta ahora.
La estadística se completó ayer con las actuaciones que se libraron luego de que una investigación desarrollada en Córdoba, donde se determinó que una contadora fuera detenida y acusada de integrar una asociación ilícita que encubría –a través de una mutual– las ventas de soja en negro por 600 millones de pesos. Fuentes de la AFIP, tanto de la central ubicada frente a Plaza de Mayo como de los funcionarios que participaron de la investigación, le confirmaron a este diario que “se secuestró documentación y elementos que pueden ser considerados clave en la causa por la cual la Justicia ya investiga una evasión millonaria en la venta de cereales”.
En efecto, tras la denuncia formulada por la AFIP tomó intervención el juzgado federal de Villa María, el cual ordenó la detención de la contadora de la filial Río Cuarto de la Asociación Mutual Defensores de Boca Junior. “Dicha profesional está imputada de integrar una asociación ilícita que encubría –a través de la entidad civil– las ventas de soja en negro por unos 600 millones de pesos”, aseguró uno de los voceros que dialogaron con BAE.
Como lo anticipó en la víspera Buenos Aires Económico, con la documentación secuestrada por los inspectores de la AFIP de Río Cuarto, el juez federal de Villa María, Mario Eugenio Garzón, ordenó la detención de Jorgelina Rosso, contadora de la mutual, en tanto que Miguel Ángel Seri, quien actuaba como gerenciador de Defensores de Boca Juniors, ya se encontraba detenido en la cárcel de Bouwer, por la misma causa, desde hace más de dos meses.
“Las primeras sospechas sobre la existencia y el accionar de esta organización surgieron de las tareas de investigación realizadas por la AFIP”, explicaron los voceros, y agregaron que “cuando las pesquisas se confirmaron, se formuló una denuncia ante la fiscalía federal de Villa María, a cargo del doctor Julián Falcucci, quien a su vez certificó la existencia de la asociación ilícita que operaba en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca”.
La mecánica de la organización que operaba en esa zona agrícola por excelencia, poseía contactos con los puertos más relevantes para el comercio de granos, dentro de la estructura del transporte de materias alimenticias de nuestro país.
El juez Garzón dispuso la detención de la contadora y responsable de la administración de la oficina Río Cuarto de la mutual, luego de varias imprecisiones en la declaración efectuada la semana pasada.
Además, el magistrado dispuso tres allanamientos en esa ciudad: uno en la oficina comercial, otro en el departamento de Rosso, y el tercero en un local de venta de prendas de vestir.
Según los voceros del fisco, la organización “intentó aprovecharse de los beneficios impositivos con que cuentan las mutuales en los impuestos al cheque y ganancias. En el caso de la Mutual Defensores Boca Juniors, permitía a los empresarios ocultar el circuito del dinero de la venta de soja en negro, lo que les permitía quedar al margen de la investigación del organismo tributario”.
PASOS A SEGUIR. Tras la detención de la contadora, la justicia federal de Villa María investigará a varias empresas locales, en el marco de la pesquisa por la venta de soja en negro.
La AFIP confirmó que las empresas investigadas son Superficies S.A., con domicilio en Córdoba, presidida por Seri, y Graneros S.A.; sus máximas autoridades ocupan u ocuparon cargos en la comisión directiva de la institución deportiva, utilizada para las maniobras de evasión fiscal. En cuanto a Rosso, tras la decisión del juez Garzón de ordenar su traslado a Bouwer, los abogados pidieron la excarcelación, que se tramitará la próxima semana.
“La contadora, que ya fue detenida, está imputada del delito de partícipe de evasión, una figura prevista en el artículo 15, inciso c), asociación ilícita fiscal de la Ley Penal Tributaria, que contempla una pena de tres años y seis meses a diez años de prisión, con un mínimo de cinco años para quien actuara como jefe de la organización”, subrayaron desde la Administración Federal.
