La decisión judicial se conoció unos días antes del viaje que emprenderá la próxima semana el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, a Ginebra, para asistir a la «Novena Conferencia Internacional sobre Administración de Deuda de la Untacd», órgano que trabaja en pos de la aceptación internacional de estos principios en el marco de Naciones Unidas.
Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Economía a Télam, quienes precisaron que las resoluciones judiciales que obtuvo «en estos últimos días» el gobierno argentino «habilitan la instancia para la consideración del caso ante la Corte Federal de Justicia y, eventualmente el Tribunal Federal Constitucional para fijar al mismo como testigo (leading case), para que se meritúen las nuevas defensas expuestas por Argentina».
Las resoluciones judiciales son un revés internacional para los holdouts y en particular para los fondos buitre, que vieron cercadas sus posibilidades de cobrar el 100% de las deudas originales reclamadas ante los tribunales europeos.
La argumentación argentina fue efectuada sobre la base de una opinión legal formulada por los profesores Christian Tietje y Matthias Lehmann, de la Universidad de Halle-Wittenberg, la casa de altos estudios más prestigiosa de Alemania.
Los expertos argumentaron y sostuvieron la relevancia de los referidos «Principios para la Promoción de otorgamiento y Toma Responsables de Prestamos Soberanos», de la Unctad, como parte del derecho internacional y del derecho local alemán.
Se trata de 15 principios que establecen, como novedad, una serie «de responsabilidades» tanto para acreedores como deudores, donde «la Argentina contribuyó en los últimos años a la elaboración de los mismos», indicaron las fuentes.
Las mismas fuentes del Palacio de Hacienda revelaron que la utilización de dichos principios en la justicia alemana son una novedad en el derecho internacional, y también en la estrategia de la defensa argentina, ya que fueron incorporados recientemente «con éxito, como elemento novedoso de defensa de un país en situación de default».
«Si bien este tipo de argumentos ya habían sido tratados por algunos académicos, nunca fueron presentados como argumentos legales en un procedimiento judicial», agregaron.
Las responsabilidades abarcan a los acreedores comprenden la «evaluación de la capacidad crediticia de los deudores», y las reestructuraciones de deuda; y actuar de buena fe y con espíritu cooperativo en circunstancias en que el soberano es incapaz de pagar sus deudas».
Entre las que competen a los países deudores, se encuentran la «responsabilidad de proteger el interés de sus ciudadanos».
Asimismo, los principios consideran «situaciones excepcionales» que hacen que los países no puedan honrar sus deudas, y promover que el endeudamiento sea utilizado para «inversiones públicas que conlleven una utilidad social».
Por último, establecen que una reestructuración de la deuda de un soberano debe: ser llevada a cabo en forma «pronta, eficiente y justa»; con «acuerdos de mayorías» para modificar los contrato originales; evitar «un comportamiento oportunista y la discriminación arbitraria entre los acreedores»; y «proporcional a la necesidad del soberano y las partes interesadas incluidos los ciudadanos, de compartir una carga equitativa del ajuste y/o las pérdidas», entre otras cuestiones.
