Garavano denunció a Rozanski ante el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi, después de que el ex juez de La Plata intentara querellarlo a él, con el argumento de que habría querido extorsionarlo para que renuncie mientras negociaba un acuerdo de arrepentimiento con Leonardo Fariña. En la causa que instruye Ramos Padilla, la abogada Giselle Robles había dicho que Fariña, su ex cliente, declaró de manera guionada acerca de cuestiones vinculadas a la obra pública durante el kirchnerismo y que el ministro de Justicia le garantizaba a cambio el desplazamiento de Rozanski. Este presentó la grabación de una reunión del 19 de octubre de 2016 que tuvo con Garavano y el entonces consejero de la Magistratura Luis María Cabral, donde hablaban de la renuncia en cuestión. Ramos Padilla no aceptó a Rozanski como querellante, pero el ministro Garavano insistió en recusarlo en el contexto de ese incidente, lo que hace suponer que se busca multiplicar los ataques al juez con la expectativa de que alguno prospere, o de debilitarlo de algún modo.
La Cámara de Mar del Plata hasta ahora ha respaldado a Ramos Padilla en la investigación sobre espionaje e incluso resolvió que debía mantener la competencia, al menos de manera provisoria. Allegados al tribunal señalaron que es difícil, aunque no imposible, que los camaristas resuelvan el planteo de Garavano antes de la feria judicial de invierno, que empieza el lunes próximo. Ante algunos periodistas locales, el ministro intentó separar su planteo del “D’Alessiogate”, pero su presencia en persona en la audiencia revela la trascendencia que le Gobierno le da. La política que ha adoptado es la de atacar la investigación de extrema gravedad donde se advierte con claridad la alianza de intereses entre jueces, fiscales, políticos, funcionarios, medios y falsos investigadores como D’Alessio para extorsionar o inventar causas. De hecho, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura intenta avanzar en el pedido de juicio político contra Ramos Padilla que instruyó el ministro. El juez presentó un descargo con múltiples cuestionamientos a la denuncia, donde se lo critica por hablar públicamente de la causa en el Congreso y se lo intenta implicar en un supuesto complot contra Stornelli con escuchas de dudosa legalidad.
Mientras tanto, a los ataques se sumó el fiscal Pleé, de Casación, que pretende que la Corte Suprema declare la incompetencia de Ramos Padilla. A su entender, las hipótesis delictivas que surgieron con el desarrollo de la investigación “corroboraron el ámbito de actuación primordial de la asociación ilícita fue en el ejido capitalino” y que aún los que ocurrieron fuera sus “efectos acaecieron primordialmente en ese ámbito”. Primero la Sala II de la Cámara de Casación, que ya resolvió que el caso debe continuar “provisoriamente” en Dolores, tiene que decidir si le abre el recurso a Pleé para llegar a la Corte. Si no, podría utilizar la vía del “recurso de queja”. Stornelli también aspira a que la Corte anule su declaración de rebeldía. Toda esta maraña judicial pretende hacer tiempo y afectar a Ramos Padilla que, en el medio, sigue tomando medidas y declaraciones. Este miércoles le toca prestar declaración indagatoria al periodista Daniel Santoro, el jueves a Stornelli y el viernes es la testimonial del ex espía Antonio Horacio Stiuso, que pidió ser querellante.
