Luego que el Superior Tribunal ratificara la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal, que define los abortos no punibles, y destacara que no se requiere autorización judicial para realizarlos. Y que en el caso de MFC, sólo su madre (que es la representante legal), tiene atribuciones para decidir, la situación se presenta cada vez más clara.
En pocas palabras, el STJ señaló que la jueza Salomón decidió “entrometerse sin basamento legal en los derechos de terceros, quienes manifiestan firmeza personal en la voluntad de ejercerlos con albedrío y libertad, dentro de los límites impuestos por el derecho que regula la coexistencia humana en función de justicia”. Ahora, la actitud del médico titular de Obstetricia del hospital abre una nueva instancia.
Por lo pronto, Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, señala que las trabas que impiden a la joven de Entre Ríos realizarse el aborto reflejan una vez más la distancia que existe entre lo que ampara el Código Penal y lo que ocurre en la sala de hospital. Según Chiarotti, es necesario tener en la mira a los médicos y castigar a aquellos que no cumplen con lo establecido en la ley. Según ella, este es el primer paso para achicar esa distancia que separa a las mujeres del ejercicio pleno de sus derechos. “Los fiscales tienen que iniciar acciones legales contra los médicos o directores de establecimientos públicos que se niegan a realizar las intervenciones”, sostuvo la abogada.
Para esta abogada y en el caso específico de Cati (el médico que se niega a cumplir la ley) existe un “incumplimiento de deberes de funcionario público” y de “abandono de persona en el caso de que el embarazo prospere y eso ponga en riesgo su vida o salud. En ambos casos se prevé penas de prisión e inhabilitación en el ejercicio de sus funciones”.
El tema, además, es que en el caso de Entre Ríos, el ministro Bordet (superior de ese profesional) manifestó en reiteradas oportunidades que desde el gobierno se iba a respetar la decisión de la justicia. Bien, la justicia decidió y un funcionario a su cargo se niega a cumplir con lo que ordena la ley y el tribunal superior de la provincia ¿ que hará Bordet ?
Bordet dijo además a este diario que la provincia garantizará el derecho de la madre de la joven-niña a practicarle el aborto. Manifestó la existencia de convenios con el gobierno nacional y con hospitales de otros lugares del país.
Es de destacar que no existe mucho espacio para esperar, Bordet mismo hablaba de lo avanzado del proceso de gestación. Por lo pronto la madre de la joven-niña, Marta Gauna, ha decidido buscar una segunda opinión en otro nosocomio –público o privado– de Entre Ríos o el resto del país.
A los efectos de la información, indispensable para saber de que se trata, es necesario decir que esta joven-niña lleva 18 semanas y media de gestación. En tanto, ya se han practicado abortos con más de 22 semanas de gestación en casos similares y cuando como aquí, se dieron cita la crueldad, la hipocresía y la burla a la ley para, retardar y/o impedir el cumplimiento de la ley
