Se trata de la norma sancionada a fines de 2011 que eleva las penas para los delitos con los que se busque "aterrorizar a la sociedad" y obligar a una autoridad estatal a adoptar o a abstenerse de adoptar alguna medida.
La denuncia ya la presentó la AFIP después de que la compañía que cerró la semana pasada consiguió que la Justicia le declarara la quiebra. La Presidenta dijo que esa quiebra es "falsa" y vinculó a esa empresa gráfica con el fondo buitre NML, de Paul Singer, al que responsabilizó de tejer un "entramado mafioso" para perjudicar al país y querer "verlo de rodillas". "Es un intento de atemorizar a la sociedad", definió Cristina Kirchner.
Pero el FIT, que se sumó a la causa de los trabajadores luego del cierre de la imprenta, redobló la apuesta al rechazar la aplicación de la norma y a proponer a través de un proyecto de ley la expropiación de la empresa.
"A esta ley solo la queremos derogada, es una maniobra demagógica de la Presidenta. Hay que imponerle la legislación comercial y penal para investigar el fraude de la deuda pero garantizar las fuentes de trabajo de las 400 familias; esto no lo resuelve la denuncia contra los directivos de la empresa", sostuvo el diputado nacional Néstor Pitrola (Partido Obrero), dirigente del gremio de los gráficos.
En diálogo con radio Nacional Rock, el legislador opinó que a la Ley Antiterrriorista “quieren barnizarla como si fuera una ley contra los buitres". "Ya se la quisieron aplicar a un periodista en Santiago del Estero y esa ley se va a aplicar contra los movimientos populares. No queremos que la barnicen como una ley contra los buitres y después la aplican al movimiento popular", insistió.
En el mismo sentido, el diputado nacional Nicolás Del Caño y el diputado bonaerense Christian Castillo, del Partido de los Trabajadores Socialistas, manifestaron: “desde el PTS, junto a los trabajadores de Lear y de Donnelley, venimos denunciando a estas ’empresas buitre’, pero rechazamos que intente legitimar una nefasta ley como la Antiterrorista".
Los legisladores señalaron que la norma fue “impuesta por el Departamento de Estado norteamericano y es una amenaza para todas las organizaciones populares y de trabajadores, una ley repudiada por un importantísimo arco democrático, incluyendo al premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel”.
“La presidenta omitió decir que si hoy Donnelley está funcionando y no se perdieron los puestos de trabajo como sucedió en numerosas empresas en todo el país es gracias a la lucha y a la organización de sus trabajadores con sus delegados”, afirmaron Del Caño y Castillo a través de un comunicado.
En este marco, el FIT presentó un proyecto de ley para estatizar Donnelley para que quede bajo la gestión de sus trabajadores.
