TEXTUAL
Uno. Es positivo que en la Argentina –después un cuarto de siglo en democracia– se dé el marco político para una nueva ley de radiodifusión, diametralmente distinta a la que hoy está vigente.
Dos. Una lástima: muchos periodistas y comunicadores muy respetados no parecieron motivados a analizar el proyecto de ley ni a tomar partido. Otros, acríticamente, salieron a apoyar la propuesta, evitando un análisis que quizás produjera menos entusiasmo pero hubiera resultado más útil.
Tres. Se miente mucho. Clarín cuando sin reconocer cómo afecta sus intereses, titula que la Ley es para “controlar a los medios”. El Gobierno, cuando dice que el suyo es el primer proyecto, o cuando omite que en 2005 arregló con el entonces no tan demoníaco grupo la renovación de licencias, pero sobre todo cuando dice que quiere democratizar la comunicación, mientras que en su proyecto no se habilita ninguna instancia decisiva con participación popular.
Cuatro. Una ley de esta envergadura no puede tratarse a libro cerrado ni en tiempo récord, como se ha hecho con tantas normas importantes en los últimos años. Pero tampoco puede demorarse su tratamiento con el insostenible argumento de que debe hacerlo el nuevo Parlamento a partir del 10 de diciembre. Con esa excusa, seguiremos indefinidamente sin nueva ley. ¿Se podrá evitar caer en la ingenuidad de quienes creen que el proyecto oficialista es inmejorable y en la obcecación de quienes prefieren que los grupos concentradores les escriban el libreto?
Cinco. Juzgando propuestas, y no intenciones, el eje del debate debería ser la convocatoria conocida como los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión de la Democracia. Muchos están incluidos en el proyecto. Pero otros faltan, y no son menores.
Seis. Uno de los que no aparece ni por asomo es el punto 3, que dice: “Estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas”. Curiosamente, no existe la publicidad oficial en el proyecto girado al Congreso. Mariotto dijo que es porque en la normativa internacional se encontraron con que las leyes no incluyen el tema. Qué conveniente. Otros proyectos establecen que el 50% de la pauta oficial se distribuya por igual entre todos los servicios de radiodifusión y un 25% vaya a programas culturales y educativos; que se prohíba la contratación de publicidad oficial desde la convocatoria a comicios y hasta las elecciones.
Siete. Otro punto ausente (e importantísimo) es el 19, titulado “Por un nuevo Comfer”. Allí se lee: “La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales”. El proyecto oficialista establece como autoridad de aplicación a un directorio en el que el poder político coyuntural tiene mayoría, con el riesgo de que pueda manejarlo a su arbitrio. ¿La alternativa? Un Consejo Federal con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, participativo, democrático y directivo, y no meramente consultivo como en el proyecto oficial.
Ocho. Vinculado con el anterior, otro precepto de los 21 puntos es el número 12: “Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales”. En el proyecto del oficialismo se crea un sistema de medios públicos en el que se repite el esquema de un directorio de cinco, de los cuales tres son nombrados por el partido de Gobierno. Es decir: si la ley queda como está, el próximo Presidente puede poner a Sofovich al frente de Canal Encuentro y a Daniel Haddad como presidente de la Autoridad Federal. Nada se lo impide. La participación social, otra vez, queda relegada a un consejo asesor que puede “colaborar” con propuestas.
Nueve. La Defensoría del público es el punto 20. Está en el proyecto oficialista, pero en lugar de surgir de un concurso público o de una elección popular, ¡la nombra el Ejecutivo! Así, en lugar de Defensor del público, será Defensor del Gobierno.
Diez. Hay que insistir: propuestas legislativas, no intenciones. Hay otro “temita”: establecer con claridad que las contratistas del Estado no puedan ser licenciatarias de frecuencias. Claro, eso dejaría afuera a grupos amigos del kirchnerismo (Rudy Ulloa, ElectroIngeniería, Haddad etc). Pero ¿ el objetivo no es evitar que se formen o consoliden grupos oligopólicos? Entonces debe avanzarse en esa cláusula. ¿O en realidad se apunta a reemplazar a determinados grupos por otros? Para que la respuesta sea negativa, debe modificarse la propuesta legislativa.
Once. Hay más aspectos que el proyecto no contempla o deja librados al Ejecutivo, como la cuestión de la radiodifusión digital (en la que de forma inconsulta, por decreto, el Ejecutivo acaba de hacer una opción); la declaración del espacio radioeléctrico como bien público (punto 4 de los 21); garantizar el acceso universal a los contenidos culturales (por ejemplo, incorporar obligatoriamente las señales de TV abierta en los sistemas de TV paga, o que Canal Encuentro se incorpore al sistema nacional de medios, entre otros).
Doce. Es necesaria (y posible) una nueva Ley que transparente reglas de juego, que sea hostil a la concentración multimediática, que promueva la diversidad y el federalismo, que democratice los bienes culturales, que asegure la participación ciudadana y sectorial en la determinación de las políticas del área, que no confunda control estatal con gubernamental y que socialice la discusión sobre la conversión digital. Para eso el Congreso debe abrir el debate público con amplia participación ciudadana. Sin apuros, con seriedad.
Trece. La democracia es, entre otras cosas, la forma de organización social que garantiza una manera no violenta de dirimir conflictos de intereses entre sectores. Una ley como ésta no surgirá de un consenso total: está claro que no consensuarán los grupos que quieren mantener su posición hegemónica. Por eso es importante el consenso de quienes se dicen sinceramente interesados en democratizar la comunicación. Esperemos que los actores lo entiendan, empezando por los que tienen la mayor responsabilidad. Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien.
