La Defensoría del Pueblo de Paraná recomendó al intendente Julio Solanas adoptar los recaudos necesarios de modo que se subsane la situación planteada
El centro de salud se puso en marcha en abril de este año, con personal e insumos aportados por el municipio, y fue en respuesta, según El Diario de Paraná, a una demanda puntual de los vecinos. Pero de acuerdo a lo que pudo establecer la Defensoría del Pueblo, allí el Estado no puede aplicar normas votadas por los concejales en virtud a una expresa oposición que habría de parte de la Iglesia.
Para subsanar la situación, desde la Subsecretaría de Salud se diagramó un trabajo comunitario con la denominada Patrulla Sanitaria que recorre la zona y brinda la asistencia que el centro de salud tiene vedado realizar.
La estrategia de distribución de métodos anticonceptivos desde el área sanitaria del Gobierno de la ciudad se apoya en los términos de la ordenanza 8.392 del año 2003, que creó el programa Redes Comunitarias de Apoyo a la Prevención del Embarazo Adolescente y a la Salud de la Mujer. Pero también en los términos de la ley 9.501 que instrumentó en la provincia el plan de salud sexual y procreación responsable, cuyos alcances ahora están en dudas a partir de un proyecto de modificación de esa norma que votó el Senado.
“A partir del debate público generado en torno a la negativa de la Asociación Civil Cáritas —propietaria del inmueble donde funciona el Centro de Salud Padre Kentenich— para distribuir anticonceptivos (en el marco del Programa Redes Comunitarias de Apoyo a la Prevención del Embarazo Adolescente y a la Salud de la Mujer, Ordenanza Nº 8392/03; y Ley de Salud Sexual y Reproductiva Provincial y Nacional), e incluso para informar a los ciudadanos sobre la temática, la Defensoría del Pueblo inició actuaciones de oficio que culminaron en una recomendación al intendente Julio Solanas”, señaló ayer la Defensoría.
Esa recomendación está referida a la necesidad de que la Comuna celebre convenios formales con asociaciones civiles o públicas —siempre que exista participación del Estado Municipal— en las que se deje constancia de los alcances y obligaciones de cada una de las partes, de modo que se garanticen “los derechos de los ciudadanos”. De esa forma, entendió el organismo, se podrían evitar en el futuro situaciones como la que ahora se da con Cáritas.
